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El gremio docente expresó sus dudas acerca de que se haya respetado el derecho constitucional de presunción de inocencia. Este miércoles al mediodía los cuatro docentes escucharán el veredicto. Los fiscales pidieron penas duras.

La Unión de Trabajadores de la Educación salió, a horas de conocerse el veredicto, a respaldar a los cuatro docentes acusados por abusos sexuales en el jardín de 25 de Mayo que escuchará el veredicto este miércoles después del mediodía, en la Ciudad Judicial de Santa Rosa. El gremio docente, que encabeza la gremialista Claudia Fernández, puso en duda la actuación de la justicia.

“Para algunos es cosa juzgada, partiendo de la información de la Radio Municipal local que, en mayo de 2015, difundió acusaciones, nombres propios y hechos, difícilmente comprobables en la causa. Luego esa información se difundió en otros medios, sumada a una errónea e intempestiva actuación de las autoridades del Ministerio de Educación del Gobierno Provincial anterior, que sentaron desde un principio en el banquillo de los acusados a los docentes”, advirtió.

“La criminología mediática, fue un elemento fundamental a la hora de tomar decisiones políticas y de instruir este juicio”, consideró Utelpa.

En una solicitada, el gremio sostuvo que “así las cosas, familiares directos siguen sosteniendo que quieren Justicia y nosotros adherimos a ese pedido, para volver las cosas a su causa normal, empezando por la elemental pregunta: ¿Existió una Situación de Abuso Sexual? ¿Si la hubo, porqué se centró la acusación en la Escuela y los docentes?. Muchos interrogantes quedan para quienes trabajamos día a día en las aulas con niños y niñas”.

El gremio alertó que “los imputados docentes” permanecen desde hace un año y 8 meses privados de su libertad, “sin razones suficientes para dicha medida, negándose en varias oportunidades su excarcelación, sin sueldo y sin cobertura de Obra Social”.

Mencionó que “dos de ellas mujeres jóvenes menos de 35 años, madre de hijos en edad escolar (nivel Inicial), único sostén de familia, en arresto domiciliario, sólo con la contención de familiares y amigos, que hicieron posible el derecho a comida, salud, educación de esos niños y niñas. Los otros, varones, uno de ellos con serios problemas cardíacos y el segundo con una profunda discapacidad motora”.

“Toda persona es Inocente hasta que se demuestre lo contrario: ¿se respetó el derecho constitucional en este caso?”, concluyó.

En diciembre último, la fiscalía pidió condenar a 25 años de prisión a Marcelo Tatavitto Roade, a 22 años a María José Tello y a 10 años a Oscar Aníbal López y María Angélica Bastías. Las querellas adhirieron a esas penas y las defensas, en cambio, plantearon que los cuatro docentes deben ser absueltos.

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