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A solo 20 días de dejar el gobierno nacional, el presidente Mauricio Macri ordenó a sus colaboradores más directos que consigan la aprobación del informe ambiental del proyecto de la central hidroeléctrica Portezuelo del Viento, en provincia de Mendoza.

El presidente debió involucrarse en persona, para favorecer a su aliado político Alfredo Cornejo, ante la negativa de los órganos técnicos a avalar un estudio que, tal como ha denunciado La Pampa, deja mucho que desear y lejos está de cumplir con las exigencias de un estudio hecho con seriedad para evaluar los posibles impactos ambientales de la represa y merituar planes de contingencia.

La novedad fue publicada ayer por el portal EconoJournal, un diario on-line especializado en Economía, energía y minería en un articulo titulado «Presión de Macri para aprobar el informe ambiental de Portezuelo del Viento».
Según el portal, la presión de Macri «busca cumplir con un compromiso asumido con el gobernador radical (de Mendoza), Alfredo Cornejo, presidente del comité nacional de la UCR y uno de los alfiles de la coalición Cambiemos».
El apuro de la Casa Rosada «generó resistencia en la Secretaría de Gobierno de Medio Ambiente que conduce Sergio Bergman», donde la línea técnica de la cartera ya le comunico a la Jefatura de Gabinete «que no firmarán el estudio de impacto ambiental de la obra porque consideran que falta documentación» y además, consideran que no corresponde el apuro cuando faltan pocos días para que asuman nuevas autoridades.

Auditoría pampeana.
Si bien el artículo no especifica a cuál de los dos estudios de impacto ambiental se refiere, la mención a «falta de documentación» remite al elaborado por las universidades de La Plata y del Litoral que contrató el comité de cuenca del río Colorado, Coirco, a pedido de La Pampa.
El otro EIA sobre la represa fue elaborado por la Universidad de Cuyo a pedido del gobierno de Mendoza y que se limitó al territorio de esa provincia, como si los impactos fueran a respetar límites políticos. Fue esa notoria falencia la que llevó a La Pampa a exigirle al comité de cuenca que en su rol de gestión de toda la cuenca, convocara la realización de un nuevo estudio, que se conoció como Estudio de Impacto Ambiental Regional (EIAR).

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Este segundo estudio fue auditado y severamente criticado por el gobierno de La Pampa merced al trabajo de un equipo de profesionales de la Universidad Nacional de La Pampa que a lo largo de todo 2018 y primeros meses de 2019 analizó en detalle cada párrafo de los informes parciales y del informe final que entregaron aquellas dos universidades.
Una de las objeciones fundamentales que señaló la UNLPam fue que las universidades contratadas no habían cumplido acabadamente con el trabajo que se le había encomendado y pagado, principalmente en cuanto a la calidad del trabajo, la profundidad, las tareas de campo y los informes prometidos.

Falta información.
En el mes de marzo, en la reunión ordinaria de Coirco, los representantes pampeanos entregaron en mano a las autoridades del comité de cuenca el voluminoso libro con las objeciones realizadas al EIAR y con ese fundamento se negaron a aprobar el informe final entregado por UNL-UNLP. Los representantes de las otras provincias, por el contrario, lo apoyaron aún sin haberlo leído en detalle.
Ahora, según se desprende del artículo de EconoJournal, los profesionales de la Secretaría de Medio Ambiente han sintonizado la misma frecuencia de La Pampa y se niegan a ponerle la firma al trabajo de aquellas dos universidades.

Según EconoJournal, es el secretario de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, Humberto Mingorance, quien está llevando adelante el lobby en Buenos Aires en nombre del gobernador Cornejo. «El informe debe ser aprobado por los secretarios de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Política Ambiental en Recursos Naturales y Control y Fiscalización, pero Bergman ya informó que no suscribirán la documentación», detalló el portal.

«Uno de los argumentos es que los términos de referencia establecen la presentación de una larga lista de requerimientos que todavía no fueron completados por la provincia -tal como señaló La Pampa-, pero, más allá de eso, no hay voluntad política de aprobar ese informe en medio de la transición porque consideran que debería ser el próximo gobierno el encargado de decidir».
La situación llegó al punto que el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, se involucró personalmente en el tema presionando a Bergman para que los funcionarios de Ambiente avalen la iniciativa.

La misma historia.
«Cuando el macrismo llegó al gobierno, se quejó porque el kirchnerismo había apurado la firma del informe ambiental de las represas de Santa Cruz justo antes de irse del poder», recordó EconoJournal en los párrafos finales de su artículo.

«De hecho, el 9 de diciembre de 2015, un día antes de que Cristina Kirchner dejara la presidencia, la secretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz había aprobado la declaración de impacto ambiental y ese mismo día se había realizado la audiencia pública. Las desprolijidades de aquel proceso llevaron a la Corte Suprema a anular lo hecho en diciembre de 2016 y el gobierno de Macri debió llevar adelante otro estudio ambiental».
«Como en tantos otros temas, el presidente Mauricio Macri parece no haber aprendido de los errores del pasado, muchos de los cuales incluso cuestionó duramente, y ahora busca hacer lo mismo», concluyó.

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