Avanza causa contra Bravo por «trata de personas»
En 2011 el fiscal Baric imputó a cuatro intendentes por facilitar la trata. Ya fue condenado Luis Rogers ( Lonquimay). Ayer se conocieron avances de la imputación a el ex intendente de 25 de Mayo, David Bravo.
La causa en la que el ex intendente de 25 de Mayo, David Bravo, está acusado de ser partícipe en una red de trata de personas que se lleva adelante en el Juzgado Federal de Santa Rosa, está a resolución del juez Facundo Cubas. “La investigación de la Fiscalía está terminada, está a despacho del juez”, reveló a LA ARENA la fiscal Adriana Zapico.
. En el 2011 el fiscal Federal Juan José Baric imputó a cuatro intendentes de La Pampa en causas por trata de personas, en todos los casos por habilitar locales en los que se facilitaba la prostitución. Uno fue el caso del intendente de Lonquimay, Luis Rogers, quien fue recientemente condenado por el Tribunal Oral Federal a cinco años de prisión. Otro mandatario municipal complicado es Jorge Cabak, de Macachín, a quien días atrás fue procesado por el Cámara Federal de Bahía Blanca. En tanto la Justicia Federal absolvió a Elena García, intendente de General Acha, pero prosiguió con la imputación a David Bravo, ex jefe comunal de 25 de Mayo, causa que hoy está a despacho del juez Federal Facundo Cubas.
Acusaciones a Bravo.
El ex intendente Bravo está involucrado en la habilitación irregular de dos cabarets. Uno, ocurrido en el 2008 cuando le comprobaron que firmó la autorización de un cabaret llamado El Rancho lo que le valió, de parte de la Justicia de La Pampa, de una pena de siete meses de prisión en suspenso y catorce meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos mediante un fallo que quedó firme tras cuatro instancias: en 2011 por el juez Néstor Ralli, titular del juzgado 6 de General Acha, lo que fue corroborado mediante resoluciones, primero por el Tribunal de Impugnación Penal (2012), y posteriormente por el Superior Tribunal de Justicia (2014) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (23 de febrero de 2016). De esta causa derivó una condena a Omar Javier Ulrich, en 2010, a cuatro años de prisión por reducir a la trata de personas a una ciudadana boliviana a la que, junto a otras dos mujeres, obligaba a prostituirse.
No obstante con éstas causas en marcha, Bravo volvió a hacer de las suyas enero de 2011, cuando firmó otra habilitación a un cabaret en su jurisdicción que funcionaba con el nombre de fantasía “Venus” que pertenecía al mismo dueño del anterior local: Omar Ulrich. Esta vez la autorización no solo chocó con normas naciones y provincias, sino que también colisionó con una ordenanza municipal precisa que prohibía el funcionamiento de ése tipo de locales nocturnos.
Por éste motivo el fiscal federal Juan José Baric inició una causa, esta vez por ser partícipe necesario de autorizar la apertura de un espacio que se prestaba para ejercer la prostitución. “Bravo no hizo nada al respecto, sino que le permitió a una persona, sobre quien él sabía que pesaba la sospecha de sostener un lupanar, realizar la apertura de otro ‘negocio’ en el mismo lugar, pero bajo otro rubro, adoptando una actitud que supera largamente la negligencia o la desidia”, sostuvo el funcionario federal.
Las actuaciones de Baric sucedieron luego de una denuncia anónima en la Dirección Nacional de Migraciones de La Pampa, en la que revelaron la existencia de una joven dominicana que estaba ejerciendo tu tarea contra su voluntad. Eso derivó en un allanamiento a “Venus” realizado el 16 de diciembre de 2011, en el que se constató la presencia de diez mujeres, nueve dominicanas y una argentina.
A despacho.
En agosto de 2016 la entonces jueza Federal subrogante Iara Silvestre, a pedido del fiscal Baric, citó a Bravo a indagatoria, pero éste no se presentó. Sin embargo el año pasado el Minierio Fiscal insistió con la petición y el ex mandatario comunal cumplió con la requisitoria judicial.
La funcionaria judicial se mostró solícita para hablar sobre el tema aunque se excusó de dar mayores precisiones dado que en ése momento el sistema informático estaba con problemas.
No obstante aportó detalles generales que revelan un avance importante en el expediente. “La causa original era del 2011, pero en el caso del ex intendente de 25 de Mayo derivó en otra en el 2016. En ése marco el señor Bravo fue indagado el año pasado. Con ése trámite quedó concluida la investigación del área fiscal y fue girado al juez -Facundo Cubas- para que resuelva”, reveló.
La fiscal no eludió la pregunta sobre cuáles son los tiempos procesales que tendría la causa para arribar a un fallo del juez Cubas. “La causa está a despacho del juez. Una vez en ésa situación -procesal- se debería tener una resolución en el término de diez días, sin embargo es común que se atrase”, concluyó. (La arena diario)
