Catriel25Noticias.com bravo_juzgado1 Bravo acusado de pagar 600 mil pesos a parapsicóloga Uncategorized    16/04 Gral Acha – El intendente de 25 de Mayo, David Bravo, no pudo ser notificado de una citación y por eso no fue hoy a una audiencia de formalización en la que iba a ser informado de una nueva acusación penal. Ahora le deberán poner otra fecha a la convocatoria para ser acusado de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario y malversación de fondos.

La audiencia de formalización estaba convocada para las 9.30 en los Tribunales de Acha. En una audiencia presidida por el juez Héctor Freigedo, el fiscal Alejadro Masó pretendía comunicarle de qué acusa a Bravo.

Ya había sido citado el 31 del mes pasado, pero Bravo no concurrió. Por eso se puso una nueva fecha para hoy para notificar al intendente -quien ya tiene una condena que no está firme también por incumplimiento de los deberes de funcionario y afronta otras investigaciones en la Justicia provincial y en la federal-.

El defensor Armando Agüero dijo, al ser consultado por este diario, que Bravo no fue notificado. “No fue citado; nunca fue convocado. Esperamos que lo hagan por las vías que correspondan”, sostuvo.

En tanto, el abogado querellante Omar Gebruers dijo a Diario Textual que Bravo está imputado en una denuncia efectuada por un grupo de asociados de la cooperativa. Según él, en la nueva citación -de la que aún no hay fecha- va a ser acusado de malversación de fondos públicos y de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“La denuncia -recordó- fue presentada el 10 de junio del año 2013, por diversos hechos que habrían sido protagonizados por los miembros de la conducción de la Coospu -en manos de un grupo de allegados al intendente Bravo-, encaminados a producir el vaciamiento económico de la cooperativa, mediante el endeudamiento con la Administración Provincial de Energía por falta de pagos de la facturas mensuales de energía eléctrica, entrega indiscriminada y en condiciones especiales, a distintas personas, de electrodomésticos que estaban para la venta y pagos de grandes sumas a algunos proveedores sin haber recibido la cooperativa contraprestación alguna”.

Dijo que, a modo de ejemplo del vaciamiento de la entidad, se acreditaron pagos por $ 600.000, por dos facturas emitidas por una persona física, inscripta como monotributista –con ventas anuales inferiores a $ 24.000-, cuya actividad económica era parapsicóloga y agencia de acompañantes. Las autoridades de la cooperativa, en su momento, argumentaron que había sido contratada para una obra energética.

“También se denunció -manifestó Gebruers- que mediante un acuerdo celebrado entre el intendente y la conducción de la Coospu, el municipio cedía las regalías petroleras que recibiera, a la cooperativa, para la ejecución de obras que considerara necesarias”.

Esta última fue una maniobra para “privatizar” importantes montos de fondos públicos, evitando el control de los organismos del estado, licitaciones públicas, etcétera, dándoles a los mismos un destino diferente al previsto originalmente, denunció Gebruers.

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