El presidente del directorio de la empresa, el ingeniero responsable técnico de la obra y el responsable de seguridad e higiene de la empresa serán juzgados por la figura de homicidio culposo, por el caso en el que resultara víctima Mauro Malmoria, ocurrido cuando el hombre realizaba trabajos en la red cloacal de Catriel. Otros cuatro operarios sufrieron lesiones graves.
Según indicaron en la audiencia celebrada ayer el fiscal jefe Gustavo Herrera y la fiscal adjunta Analía Díaz, en julio de 2016 la empresa Rimsol fue contratada por el Municipio de Catriel para realizar la obra de reemplazo de los colectores cloacales de en calles San Martín, Córdoba y General Roca.

El hecho propiamente dicho sucedió el sábado 19 de noviembre de 2016 a las17:50 horas en la cámara cloacal de calles Rumania y Córdoba cuando por orden de sus superiores jerárquicos, Mauro Malmoria descendió a la misma para inspeccionarla y observar las dimensiones del caño para efectuar un tapón y contener los efluentes cloacales.

El hombre no salió de la misma y quedó inconsciente en el lugar. En su auxilio ingresaron posteriormente otros cuatro operarios que sufrieron las consecuencias de la intensa concentración de gas sulfhídrico y sólo pudieron ser rescatados del lugar por la ayuda de vecinos y de la policía. Producto la intoxicación, Malmoria falleció y cuatro operarios resultaron con lesiones graves, según la certificación médica forense.

En cuanto a los acusados, uno de ellos es el encargado de seguridad e higiene de Rimsol. La imputación se centra en que el hombre no previó la situación de riesgo a la que se exponían los trabajadores, no capacitó al personal para evitar los riesgos y no supervisó debidamente la obra.

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En cuanto al director técnico de la obra, su accionar se limitaría a no supervisar la obra de la forma correspondiente. El presidente del directorio de la firma, por su parte, está acusado de no facilitar los medios técnicos, los equipos para medir los gases y no aportar los elementos de seguridad al personal de la empresa.

La calificación legal del caso es homicidio culposo y lesiones graves culposas en un total de cuatro hechos. En cuanto a la pretensión punitiva, el fiscal adelantó que se prevé solicitar una pena mayor a los tres años de prisión por lo que requirió una integración de Tribunal Colegiado. En cuanto a las evidencias presentadas por la fiscalía fueron aceptadas en su totalidad.

“Esta es una tragedia que se podría haber evitar si se tomaban las precauciones de ventilar las cámaras o si se le brindaran los elementos de seguridad a las víctimas”, sostuvo Herrera al finalizar la audiencia de control de acusación.

Prensa Ministerio Público

Poder Judicial

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