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La media sanción que dio hoy (12/09) la Cámara de Diputados al proyecto consensuado por los bloques opositores para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria en la Argentina fue seguido de cerca con un acampe en el Congreso protagonizado por gremios, organizaciones sociales y partidos políticos.

Desde Río Negro, una de las organizaciones presentes fue la CTA y los judiciales de Sitrajur. El titular del gremio, Emiliano Sanhueza, remarcó que “el deterioro del poder adquisitivo y las condiciones de vida hacían necesario tomar una medida urgente para combatir el hambre. Hoy el hambre es urgente”. El dirigente consideró que si el Senado termina por aprobarla “va a implicar que se tomen medidas políticas y presupuestarias para paliar (no para solucionar) situaciones de hambre que van surgiendo día a día, producto de la inflación creciente”, indicó Sanhueza, y agregó que “el Senado tiene que aprobar e inmediatamente tienen que aplicarse las medidas” para atender la crítica situación que denuncian los movimientos sociales.

La ley, implica un aumento en un 50 por ciento de los recursos destinados a este fin, por un monto de 10 mil millones de pesos.

En Diputados, El proyecto fue aprobado por 222 votos en general y una abstención de la diputada de la Izquierda Socialista Mónica Scholotthaauer, contó con el respaldo de todos los bloques parlamentarios, incluido el oficialista Cambiemos, en la primera sesión que realiza la cámara baja después de las PASO y luego de 3 meses sin sesionar

7 puntos destacados de la Ley

 

La Emergencia Alimentaria se prorroga hasta 2022.

 

Dispone un aumento del 50% de las partidas destinadas a las políticas nacionales de alimentación y nutrición contempladas en el presupuesto de este año.

 

Se deberá otorgar “como mínimo del cincuenta por ciento (50%) de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”.

 

Faculta al Jefe de Gabinete a “disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias” para poder destinar fondos para aplicar esta ley.

 

Autoriza al jefe de Gabinete de Ministros a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencia el aumento de la inflación y la variación de los productos de la canasta básica.

 

Establece que “el derecho humano a una alimentación adecuada: se asume como una política de Estado .

 

La Sindicatura General de la Nación instrumentará de manera anual un control periódico respecto de la aplicación de recursos y gastos.

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