Indignación por las vacunas VIP y la corrupción Kirchnerista
Primeros fueron los militantes veinteañeros de La Cámpora que tuvieron los privilegios de la vacuna. Después los intendentes kirchneristas con sus esposas y choferes. Luego los sindicalistas afines. Y ahora les tocó a los amigos del poder, incluido en este grupo todo tipo de personajes como aquellos grandes defensores de los derechos humanos. Toda una ironía.
El Gobierno naturalizó este tipo de conductas. Pero el impacto emocional en la sociedad fue enorme. Ver cómo importantes personalidades de la política, que se desviven hablando de solidaridad y predicando en defensa de los más vulnerables, sorteaban los pasos administrativos con total impunidad para llegar a contar con la tan apreciada vacuna, fue un nuevo golpe a la credibilidad del Gobierno.
Tal vez la palabra correcta, que más se acerca a este sentimiento, es indignación. Una sensación parecida a la padecida por la mayoría de los argentinos al ver al exsecretario de Obras Públicas, José López, tirando bolsos con millones de dólares mal habidos a través de la pared de un convento religioso; o cuando toda una sociedad observaba en vivo cómo la corrupción era la causante de la triste y dramática tragedia de Once; o cuando la atónita ciudadanía miraba por la televisión cómo un exempleado de un banco provincial –e íntimo amigo del expresidente Kirchner– contaba cientos de millones de euros en las oficinas de la financiera La Rosadita para sacarlos en forma ilegal del país. Todas anécdotas que reflejan la genética de parte del poder que hoy gobierna al país.
Pero quedarse solo en el análisis de estas historias no hace más que generar broncas que, con el tiempo, se desvanecen. Y poco se puede sacar de eso. El problema de fondo, que debe tratar la casta dirigencial, son los efectos que genera la apropiación del Estado por parte de ciertas facciones políticas cuando llegan al poder. El caso de las vacunas es uno más. Pero no el único. Y no solo se da con el kirchnerismo, aunque sí hay que admitir que fue una norma en sus doce años de Gobierno. Hace ya más de medio siglo que este tipo de conductas se vienen registrando en las altas y medias esferas del Estado. Y las consecuencias las tenemos a la vista: el país no puede salir de la anormalidad que lo aqueja. Contamos con un modelo de Estado que lleva décadas perdiendo calidad y productividad; y esto pasa, en gran medida, por los sectores parasitarios que se apropian de áreas clave de ministerios y secretarías públicas.
Esto lleva a que los recursos que administran los gobiernos, con la recaudación de los impuestos de los contribuyentes, no llegan a quienes más lo necesitan ni suplen las demandas de educación, seguridad y salud que hoy tiene toda la sociedad.
Y son estas facciones que se apropian de áreas del Estado las que terminan negociando con algunos empresarios, gremialistas u organizaciones, entre otros sectores, fondos públicos que se desvían de los objetivos presupuestarios iniciales sin tener en claro su destino final.
Creo que si preguntáramos a los ciudadanos de a pie si les sorprende lo que está pasando con el escándalo de las vacunas, la mayoría diría que no. Desde la llegada de las primeras dosis se observaron irregularidades. Era lógico que todo desemboque en este final. A nuestra sociedad ya poco es lo que le sorprende. Y esto es, en parte, por la doble moral que tiene el gobierno cuando en su relato menciona todo lo que hace para privilegiar a los que menos tienen, su trabajo solidario o el cuidado que destina a los grupos de riesgo. Credibilidad cero.
Es dramático observar cómo facciones políticas están desguazando lo poco que queda del Estado. Los resultados están a la vista: más del 60% de los jóvenes menores de 16 años sumergidos en la pobreza, retirada progresiva de la inversión privada del país y una economía que retrocede a pasos agigantados.
Si no es posible extirpar estas conductas dentro del Estado, difícilmente el país pueda salir de la crisis estructural –moral y económica– en la que está sumergido desde hace un tiempo.
(Río Negro)
