Luz Cara

César Rafael Domínguez | Defensor adjunto del pueblo, Río Negro

Los aumentos en las tarifas de servicios públicos de luz, gas y agua han provocado rechazo en la oposición parlamentaria y el conjunto de la población.

Los aumentos referidos son de un 1.600% en tarifa de gas, 500 en luz y 400 en el agua. Esta decisión del Poder Ejecutivo ha hecho perder de vista la manda constitucional del artículo 42º y los reiterados fallos de la Corte Suprema de Justicia que dicen que debe haber racionalidad en el valor de la misma. No se puede imponer una tarifa que los usuarios no puedan pagar, esto impacta negativamente sobre la calidad de vida de las familias donde el pago de los servicios públicos ya comprende un porcentaje mayor al 20% de los ingresos, se hace insostenible, debiendo dejar de lado la compra de bienes tales como vestimenta, medicación, esparcimiento, etc., para afrontar el pago de tarifas.

Las pymes y empresas también están siendo afectadas, muchas de ellas se ven con grandes dificultades para afrontar el pago de las mismas; algunas tendrán que tomar la decisión de reducir personal, otras no tendrán otra alternativa que cerrar. Uno de los casos más preocupantes en nuestra provincia es Alpat, de la localidad de San Antonio Oeste, que debe afrontar facturas semanales de 9 millones de pesos. Iguales condiciones están atravesando los galpones de empaque, frigoríficos y aserraderos que son el motor de la producción del Alto Valle, esto lógicamente incide considerablemente sobre el costo de producción obteniendo un producto poco competitivo, y no así tanto sobre los haberes del personal, que tanto achaca el gobierno nacional.

Gas Hornalla1
Cuando el Ejecutivo habla de bajar los costos de producción se refiere siempre a la mano de obra pero no a las tarifas de servicios públicos, y las aumentan considerablemente, lo que lógicamente incide sobre el costo de producción. La palabra subsidio atormenta al gobierno nacional, pero debe ser un instrumento valioso para la actividad económica. Las políticas de subsidios a la energía en los países desarrollados son una política de Estado, algunos números en dólares per cápita así lo demuestran, como ser EE. UU. con 2.177 , China 1.652, Canadá 1.283, Australia 1.259, Japón 1.240, Israel 1.113, Bélgica 909, Alemania 684, Inglaterra 635, España 521, Chile 505 y Argentina 413. Estos datos son del FMI del 2015, hoy la quita de subsidios la ubicarían a la Argentina muy cerca de los países más pobres del mundo.

Debemos discutir la reducción de tarifas y no la de los impuestos, ya que una disminución en los impuestos desfinancia aún más los estados provinciales y municipales. Hay que revisar el cuadro tarifario, de rentabilidad e inversiones de las empresas de servicios públicos.

Luz Aumento

El gobierno trata de justificar a toda costa los aumentos de las tarifas, aducen que había que bajar el déficit fiscal. El ahorro que tendría el Estado al mantener estos aumentos sería del orden de los 40.000 millones de pesos, pero por otro lado con los aumentos de intereses de las Lebac para frenar el dólar nos está costando 360.000 millones de pesos.

 

También nos dicen que estos aumentos son para que las empresas realicen inversiones pero por el contrario la realidad nos muestra que hay menos inversiones, que se está importando más crudo, se extrae menos petróleo y menos gas y hay más despidos en la actividad.

 

Se importa más crudo a través de Shell en detrimento de YPF, de bandera nacional, que extrae menos petróleo.

Gas Pesos

No estoy de acuerdo con las palabras de Aranguren que dice que los aumentos servirán para bajar la pobreza, nada más alejado de la realidad. Ajustes en los programas de atención de la población más vulnerable nos advierten que va camino a aumentarla. El funcionario mencionado está siendo cuestionado en el cargo por ética pública por haber sido CEO del grupo Shell (deben dejar pasar dos años antes de ocupar cargo en el Estado) y tener acciones de la misma que dice haberse desprendido cuando sabemos que nunca dejan de tener relación con dicha empresa y son parciales en la toma de decisiones en favor de sus intereses y en detrimento de YPF.

 

Los aumentos de las tarifas deben ser graduales y los usuarios deben poder pagarlos sin que sean confiscatorios. En nuestra provincia los haberes de los trabajadores han alcanzado subas de entre 15 y 18%; las tarifas comprenden un porcentaje superior al 20% de los ingresos. Se hace insostenible afrontar el pago, las empresas corren riesgos importantes de cerrar sus puertas o reducir personal. La situación es preocupante, por ello las empresas que han ganado mucho dinero deberán resignar estos aumentos y el Estado nacional debe escuchar a los ciudadanos.

 

Fuente: Río Negro

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