Pasar del sueño de tener un 0km a una pesadilla
En un año, las cuotas de los vehículos por plan se quintuplicaron. «La gente se está quedando sin auto y con deudas», afirman los ahorristas.
Según datos de fines del 2021, casi 7.000 reclamos por planes de ahorro se acumulaban solo en el organismo de Defensa de Consumidores, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior nacional.
“Esto que está sucediendo no tiene nombre. Es una estafa y desde hace años lo venimos denunciando. Los valores de las cuotas se han tornado impagables y es incalculable lo que han subido”, sostuvo Mabel Muñoz, referente neuquina del grupo de ahorristas perjudicados por los planes.
Por las nubes
“Me metí en un plan para poder llegar a un cero kilómetro, vendí un auto que tenía. La cuota era baja, relativamente, hasta que me entregaron la camioneta. Ahí empezó a subir, le agregaron gastos y más gastos pero en el último año fue tremendo: la cuota pasó de 16.800 a más de 83.000”, contó Carlos Mendoza.
El vecino del Alto Valle sostuvo que los montos se dispararon y ya le han llegado reclamos por cuotas impagas. El trabajador de un municipio de la zona, se inscribió en el 2020 para adquirir una unidad Fiat pero la escalada en los precios, desde entonces, fue descomunal. Ahora analiza las acciones a seguir.
Las subas se vienen dando, sistemáticamente, en todos los rubros pero las variaciones “móviles” en las unidades 0km han dejado a la mayoría al borde de un abismo.
La situación se repite como una preocupante postal en todo el país, porque los consumidores deben ajustarse a los mismos planes de adhesión de las empresas administradoras para adquirir sus vehículos 0 km a las automotrices.
“Tenemos gente enferma por la presión y el acoso constante de los estudios jurídicos. Los amenazan todo el tiempo por teléfono, que les van a sacar sus vehículos si no pagan, que se los van a rematar y lamentablemente lo están haciendo”, explicó Cristian Vázquez, coordinador provincial de los ahorristas en Entre Ríos, donde en las últimas semanas llevaron su reclamo a las puertas de Casa de Gobierno.
Las acciones judiciales se multiplican, muchas veces en forma individual y en otras colectivas, frente a organismos de Defensa del Consumidor.
Sin embargo, hasta el momento no hay cambios ni resoluciones definitivas. “Esto es tierra de nadie, las empresas hacen lo que quieren y nadie les pone un freno”, cuestionó Vázquez.
“Que nadie se meta en esto”
“El problema es que nunca se termina de saber qué es lo que se debe, y si uno pide la liquidación tampoco explican qué es lo que están cobrando”, explicó Victoria Villegas, una de las abogadas que lleva adelante numerosos casos de afectados en la provincia de San Luis.
“Particularmente lo que aconsejo a todo el mundo es que nadie se meta en esto. Creo que este sistema no debería existir más así tal cual está. La composición del valor de la cuota, al estar fijado por el valor del auto, depende de las condiciones macroeconómicas del país y las condiciones se fijan unilateralmente, porque es un contrato de adhesión. No hay valor de referencia. Hay desigualdad entre el que compra y el que vende”, consideró la profesional.
“Es insólito que estemos metidos en todo esto. ¿Qué fue lo tan grave que hicimos? Meternos en un plan de ahorro. Uno piensa que es la única forma de acceder a un vehículo y te engañan. Las cláusulas son abusivas por donde se las mire y los contratos no están ajustados a derecho”, criticó Vázquez. “Y uno nunca termina sabiendo qué firma y cómo ellos calculan los montos de las cuotas, que suben y suben y lo que uno debe”.
Aquellos que aún no poseen la unidad, pueden llegar a renunciar “asumiendo grandes costos” para salir del sistema, se explicó, pero los que ya tienen el auto deben afrontar un severo problema porque si no pagan corren el riesgo de perder el rodado y quedar con más deudas. “Si te lo sacan porque debés dos millones y te lo rematan en un millón, te quedás sin nada y con esa deuda encima. Y los gobernantes de turno lo permiten”, protestó un “perjudicatario”.
Solo en el área de Defensa de Consumidor, el organismo dependiente de la Secretaría de Comercio Interior, hasta fines del año pasado se acumulaban 6.821 expedientes de afectados. “Estimamos que, por provincia, hay entre 3.000 y 4000 damnificados que han hecho los reclamos, pero los afectados son muchos más”, señaló Vázquez.
¿Cómo funciona el sistema? En pocas palabras: los interesados se organizan en grupo y comienzan a pagar cuotas mes a mes durante años para ir retirando, uno por uno, su vehículo a través de una licitación. Las cuotas varían según el valor final de la unidad al momento de retirarla, y es por eso que no son fijas. Según los casos, se pueden sumar gastos administrativos, seguro de vida, seguro del vehículo, derecho de inscripción y derecho de adjudicación.
“El tema es que las cláusulas no son claras. Son engañosas, falta información y por eso pasa lo que pasa. La gente se mete sin saber lo que va a terminar pagando”, explicó Mabel Muñoz, referente neuquina de los ahorristas en la región.
“Las administradoras de planes de ahorro han aumentado las cuotas de forma descomunal. En mi caso, yo no podía retirarlo y lo vendí y empecé a asesorarme y asesorar a otros. Los consumidores están desprotegidos, los contratos son abusivos. Y lo más extraño es que estos planes están autorizados por la Inspección General de Justicia (IGJ) a nivel nacional”, precisó Muñoz.
OPINIÓN
Injusticia y desamparo
Por María Victoria Villegas Scivetti (Colegio Público de Abogados y Procuradores de San Luis)
En primer lugar, mi sugerencia es enviar una carta documento a la administradora, solicitando que se informe el motivo de la modificación de las condiciones pactadas originalmente, ya que en la mayoría de los casos la información brindada al momento de la suscripción es muy escueta y/o referida a que se trata de “una cuota fija” o a que “el aumento será en función del “valor móvil del vehículo”, el cual no es posible determinar a futuro, especialmente a siete años que duran las 84 cuotas/meses. Ello, dentro de lo prescripto por el art. 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, en cuanto a que los proveedores están obligados a brindar información cierta, veraz y detallada de sus productos y condiciones de contratación, tanto antes como durante la relación de consumo que los vincula con el ahorrista.
La falta de respuesta o silencio de la administradora del Plan los hace pasibles de denuncia ante los organismos de defensa del consumidor, locales y/o nacionales. Asimismo, y en caso de silencio, es posible iniciar una demanda judicial por incumplimiento de dicha normativa, frente a lo cual se podría solicitar la nulidad de las cláusulas de la Solicitud de Adhesión que son abusivas y se encuentran en pugna con el sistema tuitivo previsto en la Constitución Nacional y la Ley de Defensa del Consumidor.
En segundo lugar, una posible vía extrajudicial y tendiente a evitar la posible ejecución prendaria y secuestro del vehículo, ante el atraso de las cuotas, puede ser recurrir a la aplicación de la Resolución General de la Inspección General de Justicia, N°03/2022, la cual en su art. 4to, establece: “Previo al inicio de ejecuciones prendarias, las sociedades administradoras deberán realizar tratativas extrajudiciales con los suscriptores y sus garantes, y en caso de no arrojar ellas resultados positivos, notificarlos expresamente y por escrito del derecho de los mismos a recurrir al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo y en su caso al procedimiento ante la Auditoría en las Relaciones de Consumo instituidos por la Ley N° 26.993, o a los servicios implementados por las jurisdicciones locales de Defensa del Consumidor que no hubieren adherido a la mencionada ley; ámbitos en los cuales será obligatorio para las sociedades administradoras concurrir a las audiencias, instancias y diligencias que correspondan conforme a los procedimientos aplicables y en general colaborar activamente para alcanzar una solución adecuada para los diferendos”.
(LaMañanaNeuquén)
