Proyecto para sancionar por denuncias falsas al 911

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(C25N) La legisladora Viviana Germanier (JSRN) y el director de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Río Negro, Jerónimo San Pedro, presentaron un proyecto de ley que busca sancionar a las personas que llamen al 911 para realizar denuncias falsas. Por esa modalidad estéril, el Estado gasta 48 millones de pesos por año.
Según estadísticas provenientes de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la provincia, en el año 2016 la línea telefónica del servicio de emergencia, recibió 397.313 llamadas en total, de las cuales 147.889 son inoficiosas, o sea un 37,22% de los llamados presentan un carácter que perjudica al funcionamiento del servicio.
Similares estadísticas se habían presentado en el 2015 con llamadas que solo se habían producido en Viedma y Bariloche, periodo que se registraron alrededor de 180.000 llamados inconsistentes, además de otras 120.000 que fueron interrumpidas y no constituyeron emergencias.
Monitoreo
Por este motivo, la iniciativa contempla la modificación del artículo 40 de la Ley 532 vigente, aplicando multas de $400 a $4.000 o arresto de uno hasta diez días “a quienes de cualquier forma perturbaren las ocupaciones o descanso de los vecinos, dentro de las horas que normalmente son destinadas al reposo”.
En nuestra actualidad no existen sanciones de ningún tipo para quienes, con irresponsabilidad o premeditadamente en muchas ocasiones, entorpecen con estas llamadas inoficiosas el sistema de emergencia.
Las llamadas consideradas inconsistentes o en “broma” que ingresan al sistema de emergencias telefónicas 911 instalado por el gobierno Rionegrino, le generan a la provincia un gasto extra de entre 3,5 millones y 5 millones de pesos, en forma mensual. Haciendo sólo un promedio de 4 millones mensuales, en el año la provincia pierde 48 millones de pesos.

Acusaciones por renuncia de funcionario
«Haber planteado eso es menospreciar la figura de nuestro intendente» la respuesta de la legisladora provincial Viviana Germanier a las acusaciones del ex secretario de políticas sociales Carlos Blanco, tras su salida de la función municipal, que había responsabilizado a miembros de la gestión y a la diputada Germanier de entrometerse y faltar el respeto a su trabajo en dicha área.

En diálogo con Radio Alas, Germanier expresó «el intendente tiene toda la potestad para nombrar a sus colaboradores, que son sus secretarios así como tiene la potestad de plantear las políticas públicas que el quiere hacer desde cada una de las secretarías».

«El intendente ha visto que necesitaba un cambio la secretaría de políticas sociales, por eso ha tomado esa decisión, corresponde ser respetuoso de sus decisiones» dijo.

«Mi rol como legisladora es trabajar con las distintos sectores del municipio de Catriel y acercar los programas y proyectos que hay desde el ámbito provincial al ámbito municipal, por eso estoy en contacto con todas las secretarías, tengo un buen vínculo con ellos, trabajamos en conjunto».

«Yo no he tenido un problema personal con ningún secretario» concluyó la legisladora provincial.

RENUNCIA DE CARLOS BLANCO

La renuncia del secretario de políticas sociales, la semana pasada, fue un cimbronazo fuerte para la gestión Johnston. Para muchos fue una gran sopresa, otros sabían del malestar que venía acumulando Blanco y que era factible su salida.

En la nota de renuncia ingresada al municipio, Carlos Blanco esgrimió «se fundamenta esta decisión debido a las dificultades significativas que encuentro en para poder realizar la función que entiendo se debe realizar, a causa de la permanente intromisión, desautorización, y poco respeto al trabajo que se realiza desde la secretaría, por parte de algunos integrantes de la llamada ‘gestión’, y principalmente de la legisladora provincial (Germanier)».