Comenzó hoy a desarrollarse la audiencia en la que la fiscal Paula Rodríguez Frandsen formuló cargos contra el legislador Javier Iud y el intendente de San Antonio Oeste, Luis Ojeda. A ambos les atribuye haber mantenido relaciones sexuales con una adolescente a cambio de dinero y drogas. El Juez Juan Martín Brussino Kain dispuso un cuarto intermedio, y determinó que la audiencia continuará en la tarde de mañana en donde resolverá los diversos planteos realizados por las partes.

Según la acusación, integrada también por la fiscal adjunta Yanina Estela Pasarelli, el legislador habría perpetrado el hecho en el año 2017 en el departamento trasero de una confitería ubicada en las afueras de San Antonio Oeste. El intendente, en tanto, habría mantenido relaciones sexuales con la misma adolescente en un departamento.

La Fiscalía encuadró los hechos en el delito de corrupción de menores y destacó que los mismos fueron tendientes a corromper el normal comportamiento sexual de la víctima.

Como sustento probatorio, el Ministerio Público Fiscal mencionó la denuncia penal presentada por la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, el relato de la menor víctima efectuado bajo el dispositivo de cámara gesell, el informe del cuerpo de investigación judicial y el resultado de las ruedas de reconocimiento efectuada a la victima y al principal testigo de los hechos. En este sentido aclaró que el estado de la victima durante la consecución de dicha medida en la que no reconoció a los imputados, era de un alto grado de angustia en el marco del cual admitió haber sido amenazada.

Agregó además el relato de diversas operadoras de la SENAF, los resultados de la medida de reconocimiento de lugares realizado por la víctima y la principal testigo en la propia localidad y la pericia psicológica efectuada a la víctima.

La defensa de los imputados planteó primero la incompetencia del Juez Juan Martín Brussino en el caso, porque -dijeron- tal como estaban descriptos los hechos, el delito imputado era de competencia federal al vincularse con la entrega de estupefacientes. Además, no sólo los abogador sino también los imputados, quienes ejercieron su derecho de defensa, realizaron diversas consideraciones respecto a la formulación de cargos.

A su turno la Fiscalía respondió cada uno de los planteos precisando en primer término que el delito que se investiga es el de corrupción de menores pero que, no obstante, datos referentes a la comercialización de estupefacientes habían sido informados oportunamente al Juzgado Federal.

En cuanto a las imprecisiones marcadas por los imputados, luego de aclarar que “en esta instancia inicial no corresponde la valoración de la prueba”, destacaron que la Defensa eligió de la prueba existente, algunos pocos ejemplos pretendiendo “mostrar incongruencias que no existen”. Aclararon que en este tipo de casos la precisión temporal es suficiente y que la misma (así como las circunstancias de lugar) “exceden los requerido en esta instancia del proceso”, enfatizando en que no hubo en el proceso “afectación alguna al derecho de defensa”.

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