El tope del 36% en el incremento en el impuesto Automotor se formalizó con un decreto/ley de la gobernadora Arabela Carreras, publicado esta mañana en el Boletín Oficial.

Ya enviado a la Legislatura, esa norma quedará ratificada por el paso del tiempo porque no habrá sesión para su tratamiento.

El Ejecutivo -según la Constitución provincial- puede “dictar decretos sobre materias de competencia legislativa en casos de necesidad y urgencia”, informando “dentro de los cinco días a la Legislatura, convocando a sesiones extraordinarias”. Se establece que esa norma queda convertida en ley cuando transcurridos 90 días no fuera rechazada.

El viernes pasado, el decreto/ley ingresó a la Legislatura, pero el presidente del cuerpo, Alejandro Palmieri no convocaría. La oposición pretende su tratamiento en el recinto ya que insistiría con el costo político del gobierno por ese incremento, con su posterior corrección por los fuertes reclamos.

El decreto/ley N°1/21 -que fue publicado en la primer página del Boletín Oficial de hoy- establece una “bonificación especial extraordinaria por COVID-19, equivalente al monto necesario para que el Impuesto a los Automotores liquidado” por el último paquete fiscal “no supere en más de un 36% el impuesto determinado” para el 2020

Además, se faculta a la Agencia de Recaudación Tributaria a “establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para llevar a cabo la acreditación o devolución de los pagos en exceso producto de la bonificación establecida en el artículo precedente”.

En sus fundamentos, el gobierno provincial alude que “el valor de los rodados ha aumentado considerablemente durante el 2.020, incluso por encima de la inflación que, en la actualidad, tiene un comportamiento reprimido en un contexto de recesión”.

Entiende que “el ejercicio práctico de aplicar las alícuotas aprobadas por ley a la valuación fiscal arrojó como resultado un aumento cuantitativo de relevancia en el impuesto automotor que, en el contexto económico y social actual impacta de manera negativa en los contribuyentes rionegrinos”.

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