Los radares de velocidad sobre la Ruta 22 en el Valle Medio generan reclamos y polémica desde hace años. La Defensoría del Pueblo tiene un apartado especial para responder las quejas y la Justicia intentó zanjar la polémica al declarar ilegal las multas que se realizan en Chimpay. Sin embargo, el Municipio continúa cobrando infracciones en forma ilegal y ahora enfrenta un castigo superior al millón de pesos por día.

El Superior Tribunal de Justicia intimó esta semana al Municipio de Chimpay por no acatar el fallo que declaró ilegal el radar que se instaló en la Ruta 22. La Justicia declaró que la ordenanza de esa ciudad para permitir el uso de medidores de velocidad avanza sobre jurisdicción provincial y, por lo tanto, no puede aplicarse.

El proceso judicial comenzó luego de varios años de quejas constantes de automovilistas, especialmente turistas que fueron sancionados mientras viajaban hacia la costa atlántica o regresaban de sus vacaciones. Los reclamos individuales tenían sentencia favorable, pero la mayoría de los automovilistas pagaba la sanción, por lo que a pesar de las polémicas públicas, en Chimpay siguieron cobrando multas.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, ante diferentes reclamos se constató que los equipos utilizados para medir la velocidad de los autos no cumplían con los requisitos impuestos en la ley nacional de tránsito. Tras los primeros expedientes judiciales, el Municipio sancionó una ordenanza y habría incorporado los equipos de medición correctos. Sin embargo, continuaba infringiendo la ley.

Los automovilistas reclamaban porque el punto de control no estaba señalizado, por lo que era una especie de trampa para hacer multas. Ese punto es suficiente para anular las multas. El Gobierno provincial, sin embargo, fue en busca de cortar de plano con las infracciones y denunció que la ordenanza era ilegal. En diciembre de 2022, el Superior Tribunal de Justicia ratificó el fallo que le da la razón a Provincia.

Lejos de acatar la decisión judicial, el Municipio de Chimpay continuó cobrando multas. Tras constatar que los radares siguen en uso, el STJ intimó al gobierno local. Si no se certifica la eliminación de los radares durante la próxima semana, el Municipio tendrá que pagar una multa diaria.

El castigo económico fue fijado en 100 JUS -la unidad de sanción que impone la Justicia-. Durante abril, cada JUS equivale a 10.860 pesos, por lo que el castigo sería superior al millón de pesos.

(LMCipolletti)