La distribuidora Edersa solicitó un aumento de tarifas eléctricas, que se efectivizará con los consumos de noviembre, y resta la definición del porcentaje por parte del Ente Provincial Regulador de Electricidad. La empresa energética, que concentra más de 190.000 usuarios, pidió una actualización por el lapso de abril-agosto por la inflación y por la variación de sus costos, planteando una suba del 56% del VAD No salarial que es un componente tarifario.
Según Edersa, esa modificación porcentual originaría un incremento en la tarifa final del usuario del 7% al 8%. Esta variación sería la segunda del año ya que el EPRE autorizó inicialmente un alza en junio, que totalizó un 10,5% y se aplicó en tres meses. En esa ocasión, la empresa había pedido una mejora del 12% por el período de julio del 2022 a marzo del 2023.
Estas revisiones son extraordinarias y requieren audiencias públicas. Además, existen aumentos automáticos, a partir de las modificaciones del llamado VAD Salarial que se vinculan con las subas fijadas por paritarias en los haberes de personal.
Cumplida la Audiencia, el EPRE -que conduce Isabel Tipping- inició el análisis técnico del pedido por parte de Edersa y, también, de las otras exposiciones.
Se estima que el Ente resolverá previamente una suba parcial y se aplicará con los consumos de noviembre. Después, completaría el esquema de variaciones, con sus plazos.
La distribuidora factura en forma bimestral y permite pagos mensuales. Esta progresividad deriva que la distribuidora advierte ese crecimiento de los ingresos recién en las recaudaciones de diciembre o de enero próximo.
Simultáneamente, casi un 40% de los usuarios registraron alzas importantes por las eliminaciones de los subsidios.
En el nuevo debate, Edersa -según el subgerente general, Jorge Agnelli- justificó su requerimiento en las subas de los costos del servicio y lo ejemplificó con las variantes de los postes de eucaliptos, con un valor de $9.990 por unidad en abril y el actual en $19.500. Consignó que las alteraciones llegan al 10% en dólares y al 95% en pesos.
En el 2023, además de las alzas de las tarifas, el costo del servicio tuvo un impacto fuerte con la eliminación de los subsidios, que alcanzó el 40% de los usuarios.
Agregó que la “inflación nos ha menguado en forma relevante el poder de compra y contratación” para “distintos trabajos de operación, mantenimiento y obras. No podemos -agregó- dejar de ejecutar estas acciones” entonces se solicita la actualización del denominado “VAD-NS” que es el índice de composición de la tarifa.
En su informe, Agnelli planteó una variante del 56% pero no precisó porcentajes del impacto, salvo una referencia que el alza “promedio para una familia tipo” será de $ 706 mensuales (más impuestos), sin detallar el consumo del caso. El impacto sería del 7% al 8% si el EPRE autoriza el diseño pedido.
No se analizó la tarifa especial para la inversión de una línea de 33 kV para el valle de Río Negro entre Conesa y Guardia Mitre. Esa obra “quedó suspendida por la situación económica actual”, indicó Tipping.
En la Audiencia, Edersa explicó su incremento y fue cuestionado
La Defensoría del Pueblo -a través del Adjunto, Alvaro Larreguy- participó de la Audiencia Pública y reclamó “especial atención por el contexto económico y la repercusión de las subas en los hogares rionegrinos”, planteando “modificaciones graduales, previsibles y progresivas”.
Por su parte, Miguel Grasso, de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de Roca, entendió que “no había existido una adecuada divulgada de la convocatoria” y del impacto en las tarifas por la actualización requerida. Consideró como “inoportuno” esa mejora “a una distribuidora que goza de una posición dominante y excesiva rentabilidad” cuando “las PyMES se debaten por sobrevivir en este difícil contexto”.
Otro expositor fue Carlos Zanardi, del Consorcio de Regantes de Allen y Fernández Oro, que rechazó el incremento y remarcó que estos debates debían darse en forma presencial. Similares posturas fueron expuestas por Ornela Susca, de la Cámara de Comercio de Villa Regina; y Miguel Sabbadini, de la CAFI.
Por el sindicato, Antonio D’Angelo defendió las inversiones para sostener el servicio y para “garantizar la seguridad de la ciudadanía y los trabajadores”.
(Río Negro)
