En un fuerte cruce político en la sesión de este viernes del Concejo Deliberante, la oposición logró la derogación de una ordenanza cuestionada y recuperó parte de las tierras públicas que el mismo Concejo (por error), había desafectado. Las Concejales opositoras festejaron la decisión del cuerpo.
El Concejo Deliberante dejó sin efecto la normativa que había sido aprobada sin mayoría especial y promulgada por el Ejecutivo. Cinco de las nueve parcelas vuelven al patrimonio municipal, mientras persisten dudas sobre el destino de las restantes y crece la tensión política.
En una sesión donde por primera vez la oposición logra imponer su criterio, el Concejo Deliberante resolvió derogar la Ordenanza N.º 384/24, una norma que había quedado bajo la lupa tras detectarse irregularidades en su proceso de aprobación.
La decisión se da en medio de semanas de fuerte debate público, donde distintos sectores expusieron posiciones contrapuestas sobre la legalidad del procedimiento.
Desde los bloques opositores (JSRN) y (1° R Negro), encabezado por las concejales Juana Cárdenas y Elizabeth Cofré se había advertido que la ordenanza nunca alcanzó la mayoría especial requerida por la Carta Orgánica para desafectar tierras de dominio público. Ese planteo fue el punto de partida de una revisión interna que finalmente derivó en la derogación de la norma. Si bien la medida no implica su nulidad (tal como había sido solicitado inicialmente), en términos políticos representa un reconocimiento de que el proceso original no cumplió con los requisitos formales.
Tierras que vuelven al municipio
Uno de los efectos más concretos de la decisión es la recuperación de cinco de las nueve parcelas involucradas, que vuelven a quedar bajo dominio municipal como reservas fiscales. Se trata de terrenos que habían sido destinados al Banco de Tierras y cuya desafectación había generado preocupación por posibles usos privados sin el respaldo legal correspondiente. En este escenario, se abre además un interrogante sobre una de las parcelas que habría sido utilizada en el marco de la Fiesta del Petróleo, lo que agrega un elemento de tensión al caso.
Un error reconocido, pero con distintas lecturas
El proceso dejó al descubierto diferencias internas incluso dentro del oficialismo. Mientras algunos sectores habían defendido la validez de lo actuado, otros reconocieron que existió un error administrativo en el tratamiento legislativo, vinculado a la falta de mayoría especial.
Desde el Ejecutivo se sostuvo que la promulgación de la ordenanza se realizó en base a lo remitido por el Concejo, marcando que la responsabilidad primaria recae sobre el cuerpo legislativo.
Por su parte, voces del oficialismo en el Concejo también habían señalado que, de haberse detectado irregularidades, debieron ser advertidas en el momento de la sesión, lo que agrega otra capa de discusión sobre las responsabilidades compartidas.
Elizabeth Cofré (1° Río Negro). «Teníamos razón. Hoy quedó demostrado»
Un antecedente que marca un límite
Más allá de las diferencias políticas, el caso deja una señal clara en materia institucional: las decisiones vinculadas al patrimonio público requieren un cumplimiento estricto de los procedimientos legales. La derogación de la ordenanza no solo reabre el debate sobre el manejo del Banco de Tierras, sino que instala un precedente sobre el control y la transparencia en la administración de bienes municipales.
El principal interrogante pasa ahora por el destino de las cuatro parcelas restantes que habían sido alcanzadas por la ordenanza. Su situación jurídica y administrativa será clave para determinar el alcance real del conflicto, en un escenario donde no se descartan nuevas acciones políticas o incluso judiciales. Así, el Banco de Tierras continúa en el centro de la escena, en un debate que combina legalidad, política y gestión, y que promete seguir generando repercusiones.
