El Tribunal de Cuentas cuestiona cambios administrativos y advierte que fueron excluidos del control previo del gasto. La Sindicatura Municipal rechazó cuestionamientos del Tribunal de Cuentas y defendió el nuevo circuito administrativo.
El Tribunal de Cuentas del municipio de Catriel expresó su preocupación por la implementación de un nuevo circuito administrativo dispuesto desde la Sindicatura, al considerar que la medida los deja fuera de instancias clave de control sobre los gastos municipales. La situación fue planteada formalmente tanto al Ejecutivo como al Concejo Deliberante mediante un dictamen institucional.
Micaela Ormeño, integrante del organismo, explicó que al tomar conocimiento del nuevo esquema —mientras se encontraba de licencia— advirtió que el Tribunal ya no interviene como lo hacía anteriormente. “Nos dejaron fuera del circuito administrativo. Antes controlábamos cada gasto que realizaba el municipio y ahora ya no lo estamos haciendo”, señaló.
Micaela Ormeño (JSRN)
Según indicó, el planteo elevado a las autoridades busca que se revise la medida por entender que no se ajustaría plenamente a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal. “No se estaría cumpliendo con lo que dice la Carta Orgánica. Hay artículos que se citan, pero otros se están obviando, como el derecho del Tribunal de Cuentas a conocer cómo se administra la hacienda municipal”, afirmó.
Ormeño sostuvo que la función del organismo es justamente ejercer ese control externo y remarcó que la exclusión impide observar en qué se gasta. En ese sentido, señaló que aguardarán una respuesta institucional y no descartó avanzar por la vía judicial si no se revierte la situación.
La integrante del Tribunal también confirmó que actualmente el organismo no cuenta con asesoría contable ni legal, tras el fallecimiento del profesional que cumplía esa función, y que se encuentran en proceso de búsqueda de nuevos asesores.
Además, mencionó que se realizó una presentación vinculada a una posible incompatibilidad derivada de facturaciones al municipio por parte de una persona vinculada a un funcionario, situación que —según sostuvo— debe analizarse a la luz de las disposiciones de la Carta Orgánica sobre contrataciones y proveedores.
Por su parte, Franco Rivero (1° Río Negro), otro de los integrantes del Tribunal, aclaró que no realizó denuncias formales sino advertencias públicas sobre el funcionamiento del nuevo sistema. Explicó que la normativa vigente establece la intervención del Tribunal en los expedientes de compra y gasto antes del pago, aspecto que —según indicó— se estaría dejando de lado.
Franco Rivero (1° Río Negro)Rivero señaló que previamente intentó colaborar con el Ejecutivo en la adecuación del circuito administrativo para mantenerlo dentro del marco normativo y permitir que el organismo continúe participando del control. Asimismo, consideró que la exclusión implica dejar de lado el control externo que corresponde a ese cuerpo y advirtió que la situación podría sentar un precedente institucional.
No obstante, remarcó la necesidad de mantener el diálogo y buscar soluciones que aporten previsibilidad administrativa. También respondió a cuestionamientos sobre la idoneidad de los integrantes del Tribunal, recordando que fueron designados por los propios concejales y destacando su experiencia laboral y capacitaciones realizadas al asumir el cargo.
Actualmente, el tercer miembro del Tribunal de Cuentas, Ramiro Peñalva, se encuentra de licencia. Desde el organismo indicaron que permanecerán a la espera de definiciones por parte de las autoridades municipales y del Concejo Deliberante para determinar los pasos a seguir frente a la controversia planteada.
LA PALABRA DE LA RESPONSABLE DE HACIENDA Y LA SINDICA
En medio de la controversia institucional planteada en los últimos días, la Síndica Municipal de Catriel, Paola Bonomo, junto a la responsable del área de Hacienda, Marisa Pérez, brindaron su versión sobre los cambios implementados en el circuito administrativo y rechazaron las acusaciones del Tribunal de Cuentas, al sostener que no se los ha excluido de las tareas de control sino que se redefinieron funciones conforme a la normativa vigente.
Pérez señaló que las críticas del Tribunal responden a una concepción errónea respecto de cómo se estructura el sistema de contralor municipal. Explicó que el poder de contralor está compuesto por dos instituciones: el Síndico Municipal, que realiza el control interno, y el Tribunal de Cuentas, que realiza el control externo, con funciones distintas y complementarias.
En ese sentido, indicó que el control previo de legalidad y procedimiento corresponde a la Sindicatura dentro del circuito interno de la administración, mientras que el Tribunal mantiene la facultad de auditar posteriormente la documentación. Según afirmó, el organismo cuenta con acceso a los expedientes para realizar revisiones, observaciones e informes.
La funcionaria también aclaró que el esquema anterior —en el que el Tribunal intervenía antes del pago— respondió a una situación excepcional de gestiones pasadas, cuando una misma persona concentraba funciones ejecutivas y de control, por lo que el circuito debía adecuarse al modificarse esa estructura.
Por su parte, la Síndica Paola Bonomo sostuvo que la reorganización administrativa fue el resultado de varios meses de trabajo técnico con las áreas administrativas, contaduría, tesorería y asesores, con el objetivo de ordenar los procedimientos y dar mayor claridad al manejo documental.
Bonomo enfatizó que el cambio busca establecer reglas claras en la tramitación de facturaciones, contrataciones y licitaciones, diferenciando los distintos tipos de procesos y formalizando mecanismos que —según indicó— antes no estaban sistematizados.
Paola Bonomo (Síndica)Asimismo, rechazó que se haya apartado al Tribunal de Cuentas del control de la gestión y aseguró que el organismo puede auditar las actuaciones cuando lo considere necesario, incluso en un espacio físico dispuesto dentro del municipio para tal fin.
La síndica también planteó que la nueva modalidad intenta evitar demoras administrativas que, en algunos casos, generaron retrasos en pagos a proveedores, lo que obligó a revisar los procedimientos para garantizar mayor agilidad sin eliminar controles.
En relación con cuestionamientos sobre presuntas incompatibilidades en contrataciones, Pérez explicó que los proveedores mencionados se encuentran registrados y habilitados formalmente, y que cualquier observación deberá acreditarse con la documentación correspondiente.
Finalmente, desde la Sindicatura remarcaron que continúan abiertas al diálogo institucional y consideraron necesario avanzar en normativas que regulen con mayor precisión los roles y responsabilidades de los organismos de control, a fin de evitar nuevos conflictos de interpretación y fortalecer el funcionamiento administrativo del municipio.
