El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa condenó este miércoles a 5 años de prisión al al exintendente y actual concejal de 25 de Mayo, David «Sapo» Bravo por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. También, y como lo había solicitado la Fiscalía, sentenció a 5 años a la dueña del prostíbulo, Nurys Caraballo Castillo. Fue absuelto el comisario, Miguel Angel Oyarse.
El TOF encontró culpable a Bravo del delito de trata de personas en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años, mediante abuso de su situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, mediante el facilitamiento y obtención de provecho económico de su comercio sexual, cometido en perjuicio de más de tres víctimas y en el delito de sostenimiento de una casa de tolerancia. Declaró prescripto el delito de incumplimiento de funcionario público.
Por su parte, Caraballo también fue encontrada culpable del delito de trata de personas.
En tanto, el comisario Oyarse, que llegó acusado del delito de encubrimiento de los delitos, fue absuelto.
El próximo 24 se darán a conocer los fundamentos de la sentencia.
La defensa de Bravo, a cargo de Juan Resia, dijo que van a esperar la fundamentación de la condena, pero anticipó que van a apelar a la Cámara Federal. «Me sorprendió la parte resolutiva, no accedimos a los fundamentos, estoy sorprendido porque la participación necesaria para el delito de trata de personas no está acreditada en el juicio», aseguró.
Por su parte, Bravo atribuyó la condena a una cuestión política. «La gente de 25 me conoce de toda la vida. La verdad que lo toman como una cuestión política, es una cuestión netamente política, el pueblo, el vecino lo toma así. Como candidato a intendente o concejal estoy preocupado por la gente que no llega a fin de mes, por los que no pueden ingresar a trabajar al gasoducto Néstor Kirchner. No se si la gente está pensando en esta acusación, para mí no. Se le ha dado otra publicidad al caso», comentó.
Bravo cumplió con una condena del año 2013 a siete meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de abuso de autoridad. Fue por la habilitación irregular del cabaret «El Rancho». La Justicia Federal había condenado en 2010 a Omar Javier Ulrich, dueño de ese cabaret, a cuatro años de prisión. Fue la primera condena por trata de personas de La Pampa.
(El diario de La Pampa)
