En un operativo de rutina del Cuerpo de Seguridad Vial en Chichinales, la Policía controló a un camión marca Volkswagen, modelo 319-13.180, color blanco, con cisterna color azul, dominio FMH661, cuya titularidad estaba a cargo de la firma Austral Construcciones.
Según se supo, el primer camión era transportado por otro marca Mercedes Benz, modelo LS-1634 dominio OJP595, sobre semirremolque marca Randon, dominio FIZ087. El transportista adujo proceder de la ciudad de Comodoro Rivadavia con destino a la ciudad de Neuquén, presentando como única documentación Remito de Traslado de la empresa Rental Trucks y Actuacion Notarial.
Luego de que los policías consultaran la información de los rodados al sistema Sifcop, el camión marca Volkswagen, modelo 319-13.180, Tipo Chasis C/Cabina color blanco con cisterna color azul, dominio FMH661, arrojó como resultado que tenía un pedido de secuestro del año 2019 en la causa “FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA ELISABET Y OTROS S/INF. ART. 303 DEL CP”.
Se procedió a dar intervención al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 y el rodado quedó estacionado en el parque automotor de la unidad de Chichinales, aguardando directivas por parte del Tribunal interviniente.
Austral Construcciones
Según la acusación, el empresario Lázaro Báez, algunos directivos del Grupo Austral y dos funcionarias de AFIP participaron de una maniobra de evasión de más de 70 millones de pesos correspondientes al Impuesto a las Ganancias y al IVA.
Se trata de una causa que se originó en 2013 a raíz de una denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió, que afirmó que distintas empresas del Grupo Austral, de Báez, estaban intercambiando facturas truchas entre sí para evadir el pago de impuestos.
A partir de esa denuncia se investigaron las consecuencias tributarias de los convenios celebrados «entre La Estación SA; Don Francisco SA; Kank y Costilla SA; Loscalzo y del Curto Construcciones SRL; Alucom Austral SRL; Badial SA y Austral Construcciones SA con la gerenciadora Valle Mitre SA en las determinaciones del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado correspondiente los ejercicios 2010 y 2011», según el fallo de 137 páginas emitido por López Biscayart.
Pero además la investigación judicial derivó en otras causas como la denominada «Vialidad». En tal sentido, el tribunal al fundamentar un fallo sostuvo que «la tramitación de 51 de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal”.
En este juicio, la expresidenta fue acusada de beneficiar al empresario Lázaro Báez con el 80% de la obra pública nacional adjudicada en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015. Tras la lectura del veredicto, la vicepresidenta Fernández se refirió a su condena como parte de un proceso que considera un «Estado paralelo y mafia judicial», en lugar de «lawfare» o «Partido Judicial».
A principios de diciembre pasado, los jueces del Tribunal Oral Federal 2 condenaron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por defraudación al Estado, por favorecer al empresario Lázaro Báez en la adjudicación de obras públicas para Santa Cruz.
