La abogada Daniela Johana Martínez asumió como jueza de control titular de 25 de Mayo, en la esfera de la Tercera Circunscripción Judicial, en un acto desarrollado en la Biblioteca del Superior Tribunal de Justicia. Los juramentos les fueron tomados por el presidente del STJ, Eduardo Fernández Mendía, a quien acompañaron los ministros Hugo Oscar Díaz, Fabricio Luis Losi y José Roberto Sappa.

También asistieron funcionarios de distintas dependencias del Superior Tribunal, jueces y juezas y secretarios y secretarias del fuero penal y familiares.

Desde el STJ informaron que la nueva jueza, quien asumió junto a María Elena Grégoire quien por su parte se constituyó como jueza de control de Santa Rosa, ya ejercían el cargo como sustituta y ambas concursaron positivamente para este cargo.

Aprobación de la designación.

A principios de julio la Comisión de Peticiones, de la Cámara de Diputados de La Pampa trató los proyectos del Poder Ejecutivo Provincial (PEP), para designar como titular del Juzgado de Control de la Tercera Circunscripción Judicial, con sede en 25 de Mayo, a la abogada Daniela Johana Martínez. Los diputados emitieron dictamen favorable por mayoría.

Martínez, abogada y escribana pública nacional, repasó su experiencia en el Poder Judicial de La Rioja, donde ingresó por concurso en el Juzgado de Violencia de Género y Protección Integral de Menores. “Fue una experiencia muy positiva porque pudimos diseñar y cambiar un poquito la perspectiva de lo que se venía haciendo en los juzgados de instrucción, ya con una mirada de género”, expresó.

Posteriormente, se desempeñó como secretaria en la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional, donde tuvo a su cargo personal administrativo, organización de debates y visitas a cárceles. “En ese rol me tocó estar a cargo de personal por primera vez, de organizar debates, de hacer y organizar las visitas de cárceles”, detalló.

La posibilidad de trasladarse a La Pampa se concretó con la virtualización del curso Sefup: “Yo no podía hacerlo antes porque se rendía presencial, y con la pandemia se habilitó la modalidad virtual. Ahí cursé los tres módulos y rendí el examen para integrar la nómina de sustitutos”, recordó.

Su tarea como jueza sustituta.

En abril de 2023 asumió como jueza de control sustituta en 25 de Mayo, localidad en la que además subrogó por más de seis meses la judicatura regional letrada: “Fue un gran sacrificio porque tuve que mudarme en un corto tiempo y alejarme de mi familia, de mis padres, de mis amigos, pero aun así asumí el desafío”, expresó.

Martínez cerró su intervención señalando que su intención es continuar desarrollando su carrera en el oeste pampeano: “Concursé y volví acá a la espera de poder ser jueza titular”.

Posteriormente, Martínez enfrentó una ronda de preguntas de los diputados y diputadas. Hipólito Altolaguirre (UCR) planteó dos consultas. En primer lugar, preguntó a la letrada si considera jurídicamente procedente que, en casos de denuncias penales por usurpación, el Juzgado de Control pueda disponer medidas anticipadas de desalojo, sin necesidad de aguardar la sentencia definitiva. “Estoy a favor de la celeridad de los derechos de las personas. Siempre que esté en riesgo un derecho, entiendo que se tiene que trabajar con premura”, respondió Martínez.

Por su parte, Celeste Rivas (PRO) consultó a la abogada acerca de su experiencia y desempeño como jueza de control sustituta en la localidad de 25 de Mayo. En particular, solicitó información sobre la cantidad de causas ingresadas al juzgado desde su asunción en el cargo, cuántas de ellas fueron resueltas y cuál es el promedio de resolución. También pidió detalles sobre el funcionamiento general del juzgado y el nivel de celeridad con el que se tramitan los expedientes.

El análisis de 25 de Mayo.

A la consulta de la diputada Rivas, Martínez aseguró que todas las causas han sido resueltas dentro de los plazos correspondientes y que el juzgado se encuentra al día en sus tareas.

Explicó que, en el marco de las competencias del Juzgado de Control, se dictan resoluciones en diversas instancias procesales, como juicios abreviados, sobreseimientos, aplicación del criterio de oportunidad y suspensión del juicio a prueba. Señaló que todas estas resoluciones están dictadas conforme a los requerimientos de las partes y dentro de los tiempos establecidos.

Asimismo, indicó que el tipo de resoluciones varía en función de la política criminal adoptada por el Ministerio Público Fiscal y la naturaleza de las causas que ingresan, las cuales presentan ciertas variaciones estacionales: “En épocas festivas, por ejemplo, suele incrementarse la incidencia de determinados tipos de delitos”.

Por último, Martínez destacó que el juzgado mantiene una importante carga de trabajo, pero que hasta el momento ha podido responder con eficiencia y sin demoras en los tiempos de resolución.

Su carta de presentación.

Además de su título de abogada, Gregoire es magíster en Ciencias Penales y ha realizado múltiples capacitaciones a lo largo de su carrera. «Siempre he hecho capacitaciones vinculadas a reformas penales y a derechos humanos, porque son necesarias para sostener y actualizar mis dos desempeños laborales», destacó.

En la posterior ronda de preguntas, Espartaco Marín planteó como primera consulta su opinión personal respecto a uno de los debates más recurrentes en torno al tema: la baja o no de la edad de imputabilidad penal.

“No estoy de acuerdo con la baja de la edad de punibilidad”, sostuvo, y argumentó que la legislación vigente en el país se encuentra alineada con las recomendaciones internacionales en materia de derechos de la niñez. En ese sentido, explicó que dichas recomendaciones —formuladas a través de opiniones consultivas de organismos internacionales— reconocen que los adolescentes son «personas en desarrollo» y sugieren como edades mínimas de punibilidad los 15 ó 16 años.

“Desde mi punto de vista, es aplicable a todos los delitos”, afirmó, y argumentó que si una persona puede ser imputada por la comisión de un hecho ilícito, también debe considerarse capaz de participar activamente en un jurado, es decir, de evaluar si determinada conducta configura o no un delito. “Podrían conformar un jurado para analizar esas situaciones”, sostuvo ante la ronda de preguntas a las que debió someterse ante los legisladores provinciales.