La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó al Estado argentino las actuaciones judiciales vinculadas con el caso de los presuntos abusos sexuales en un jardín de infantes de 25 de Mayo, por las cuales días atrás fue detenido Marcelo Tatavitto Roade.
“En septiembre presentamos el caso Tatavitto y el caso del Río Atuel. Dejamos estos casos para estudio. Resulta que ahora salió el fallo de la Corte Suprema de Justicia -que dejó firme la condena contra Tatavitto- entonces en el día de ayer (por el miércoles) le comunicamos a la CIDH esta nueva violación de los tratados”, sostuvo el abogado defensor Omar Gebruers.
-¿Qué plantearon en esta nueva nota a la CIDH?
-Realizamos el planteo, en primer lugar, porque confirmaron una condena que es producto de un caso de “lawfare”, una causa armada, y segundo porque se aplica el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es anticonvencional e inconstitucional. Ese artículo habilita a la Corte a rechazar un recurso extraordinario sin fundamentar los motivos y sin ingresar al tratamiento de la cuestión de fondo. Esto es inconstitucional porque te quita una instancia judicial para revisión de tu causa.
Traslado a Neuquén.
Gebruers explicó que en todas las reformas judiciales que se están pensando está previsto modificar o derogar ese artículo. “Así fue como quedó firme la condena y lo detuvieron el mismo día que salió la resolución, lo alojaron en una dependencia policial, pero al día siguiente del alojamiento en la unidad policial, la jueza de ejecución penal pidió al Servicio Penitenciario Federal si había lugar para alojarlo en alguna unidad. Esto se hace habitualmente con todos los condenados con condena firme, pero tenemos condenados que hace 5, 6, 7 u 8 años que cumplen condena en comisarías porque el SPF nunca tienen lugar para albergar a los presos pampeanos. A Tatavitto le encontraron lugar al día siguiente”, se quejó.
El abogado añadió que por estos días a su defendido le están haciendo estudios para trasladarlo a la cárcel de Senillosa, en la provincia de Neuquén.
“Esto implica una nueva violación de los tratados internacionales y la Constitución, porque lo alejan de los tribunales competentes sobre la causa, lo alejan de sus abogados defensores y también de su grupo familiar y de amigos que lo puedan querer visitar”, indicó.Gebruers recordó que su defendido tiene una dolencia cardíaca por la cual está medicado diariamente, con un tratamiento que no se puede interrumpir, controlado permanentemente por su médico cardiólogo.
“Tiene colocados cuatro stents y corre alto riesgo su integridad física y su vida, porque no es posible mantener el tratamiento en forma eficaz en un lugar de detención.
Todo esto fue comunicado el miércoles a la CIDH, entonces la comisión en el día de hoy (por ayer), decidió correr traslado de nuestra petición de septiembre al Estado argentino, para lo cual le da un plazo de tres meses para responder e informar todos los detalles de la causa Tatavitto a la CIDH”, explicó.
Verosimilitud.
Para el defensor, la CIDH pidió la documentación referida al caso porque consideran que hay “verosimilitud en los hechos redactados y una alta probabilidad de que sea un caso de ‘lawfare’ y de persecución política a una persona, en este caso Tatavitto”.
“Esa nota está en manos de (la canciller Diana) Mondino, que es la representante del Estado argentino ante los organismos internacionales. Y a su vez, debe estar en poder del titular de la Corte Suprema y de la presidencia del Congreso. Y acá está la posibilidad de buscar exponer cada uno sus razones o directamente hay un párrafo que dice que la CIDH puede facilitar un procedimiento de solución amistosa si lo piden las partes.
Esto es tratar las cuestoines sin contenido económico, que puede ser la nulidad de la causa, volver todo para atrás y otras opciones, y las de contenido económico que es que el Estado argentino indemnice tanto a Tatavitto como a las docentes por los dos años y medio que lo tuvieron preso con prisión preventiva, el maltrato y la sujeción porque llevan nueve años con este proceso y ahora está detenido nuevamente en forma irregular”, sostuvo.
El 8 de mayo, la defensa de Tatavitto y las docentes viajará la ciudad de Washington, en Estados Unidos, donde está la sede de la CIDH para participar de una reunión de trabajo por el caso en cuestión, y otros que en su momento impulsó Gebruers.
