Eduardo Casal respaldó la apelación del fiscal Mario Villar, quien presentó una queja ante la Corte para que se lleve de seis a doce años la condena.
El procurador ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eduardo Casal, pidió este jueves condenar a la ex presidenta Cristina Kirchner a 12 años de prisión en la causa Validad, en un dictamen presentado ante el máximo tribunal del país.
Casal respaldó la apelación del fiscal ante Casación Mario Villar, quien presentó una queja ante la Corte para que se duplique y se lleve de seis a doce años la condena a la ex vicepresidenta. Para ello reclaman que se revoque su absolución por asociación ilícita y también se la condene por este delito.
“El fiscal general explicó, con toda razón, que no hay, en cambio, ninguna justificación para acudir a ese artificio cuando de lo que se trata aquí es de la adjudicación fraudulenta de cincuenta y un contratos de obra pública dentro de un esquema comprobado de corrupción”, sostuvo Casal.
El Procurador también avaló el pedido del fiscal Villar para que a los condenados se les decomise la suma de 5.321.049.272,42. Se trata del valor de la defraudación actualizada al momento de ejecutar la sentencia.
Qué dijo la defensa de Cristina Kirchner: una recusación a Lorenzetti
Por su parte, la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, reclama en la Corte su absolución.
Según se pudo conocer, la defensa sostuvo que en el caso hubo “alevosas violaciones a garantías constitucionales cometidas durante todo el trámite del proceso” y una “grosera arbitrariedad en que incurrieron los magistrados al decidir la condena de nuestra defendida”.
También adelantaron que si el máximo tribunal confirma la condena acudirán a organismos internacionales y recusó al juez Lorenzetti, lo que la Corte también deberá resolver.
Cristina Kirchner ya cuenta con seis años de condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos
Cristina Kirchner está condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, en un veredicto del Tribunal Oral Federal 2 que está confirmado por la Cámara Federal de Casación.
Se trata de la causa que investigó el direccionamiento del 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
