Los convenios fueron enviados a los intendentes y se fijan condiciones. Se conocen montos, se aclara el destino y se requiere información fiscal. Se firmarán el próximo lunes 21.

Los convenios de compensación de la coparticipación entre el Estado provincial y 14 municipios se firmarán el próximo lunes 21 de septiembre.

El gobierno rionegrino calcula su liquidación a partir de octubre y, por eso, pretende el tratamiento legislativo en la sesión del jueves 24.

Los intendentes fueron citados para esa fecha y, previamente, recibieron los textos de los convenios, que formalizan exigencias de la Provincia: los fondos adicionales no podrán destinarse a salarios, deberán informar cada seis meses sobre sus cuentas, la masa salarial, la deuda, como también, detallar el uso de la compensación.

Cada jefe comunal recibió también el número inicial de la compensación (ver infografía), previéndose una fórmula de actualización.

El reparto y las condiciones

El total de las asignaciones sumará unos $ 1.029 millones mensuales (aproximadamente US$ 685 mil, cotización de ayer en el Banco Nación). El último trimestre representará $ 3.087 millones (algo más de US$ 2 millones).

La nómina de 14 municipios beneficiados -que constituyen aquellos con más crecimiento poblacional, según el último censo del Indec- está encabezada por Fernández Oro, con la mayor suba porcentual: el 52%. Siguen Dina Huapi (50%), El Bolsón (27%), Cipolletti (11%); Cervantes (9%), Los Menucos (8%), Bariloche (5%), Catriel (5%), Roca (2%), Comallo (2%), Ramos Mexía (1%), y Huergo (0,2%).

El convenio propuesto a los intendentes contiene siete cláusulas, un anexo con el monto asignado y, en las primeras páginas, se plantean los antecedentes que explican esta compensación, con “dos objetivos fundamentales”: “reconocer la realidad demográfica” y “preservar la estabilidad y previsibilidad financiera del conjunto del sistema municipal”.

Límites en el uso de los recursos

Entre las condiciones, la Provincia delimita el destino del dinero. Se deberá utilizar -se indica- para sostener y mejorar los servicios públicos esenciales, ejecutar “infraestructura vinculada” con esas prestaciones y “adquirir bienes de capital” para fortalecer “su capacidad operativa”.

La redacción establece la prohibición expresa de que los fondos puedan ser “aplicados, directa o indirectamente, al gasto de personal del municipio”.

Hay otra exigencia generalmente incómoda para las administraciones. El gobierno provincial quiere información de carácter fiscal. Las gestiones municipales -se señala- deberán enviar, en forma semestral, al ministerio de Hacienda registros de la ejecución de sus recursos y gastos, detalle de la evolución de la masa salarial y de la planta de personal, como también del stock de la deuda (incluida la flotante).

Otro punto requerido se vincula con la información de la “efectiva aplicación de los fondos” de la compensación, con “los proyectos, bienes adquiridos o servicios financiados”.

Así, los aportes provinciales conformarán un refuerzo de la coparticipación, pero también se tratará de un mecanismo de seguimiento sobre las cuentas de los municipios beneficiados.

Mecanismo de actualizaciones

También se ratifica que los recursos adicionales saldrán del Tesoro provincial, por lo cual, no existirá ninguna afectación de la masa coparticipable que corresponde al conjunto de las municipalidades.

La asignación fijada tendrá actualizaciones semestrales, considerando “la variación acumulada positiva del IVA y de Ingresos Brutos”. Los aportes -se aclara- no se reducirán; si estos indicadores tributarios disminuyen.

Además, el convenio precisa que el esquema será transitorio y continuará hasta que se sancione una nueva Ley de Coparticipación Municipal o se realice un nuevo Censo Nacional que modifique las variables utilizadas para distribuir los recursos.

El monto que recibirá cada municipio incluido se calculó a partir de la diferencia entre lo que actualmente percibe y lo que le correspondería con los nuevos índices, que formaron parte de la propuesta de reforma del régimen de coparticipación realizada en febrero, pero que no prosperó por el rechazo de la mayoría de los jefes comunales.

Antecedentes

El plan original del gobernador Alberto Weretilneck buscaba actualizar los índices de los 39 municipios, principalmente por el crecimiento poblacional, pero hubo resistencia a los datos del Censo del 2022 por parte de los intendentes desfavorecidos.

Esta compensación es la salida diseñada por el gobierno para los 14 municipios que originalmente aparecían beneficiados por aquellos nuevos índices, mientras que no existe modificación en el reparto vigente para los otros 25.

Los acuerdos se realizan ad referendum del Poder Legislativo, a la vez que el gobierno se compromete a “su remisión de manera inmediata” a los legisladores para su correspondiente ratificación”. Esa celeridad expuesta explica su pretendido tratamiento en la sesión del jueves 24.

Si el cronograma se cumple y el mecanismo comienza en octubre, el impacto efectivo sobre las cuentas municipales se observará entre noviembre y diciembre, por los plazos propios de la liquidación de la coparticipación.

(Río Negro)