Recibir certificado médico para hacer reposo es un problema extra para muchos trabajadores. «No se entregan certificados médicos por guardia», es la política que rige en todos los centros privados de salud y se mantiene incluso cuando los médicos recetan medicación inyectable o antibióticos. En contraposición, muchos estatales obtenían certificados truchos de médicos que ni los revisaban.
El gobierno de Río Negro tiene en la mira a unos 20 médicos que firmaban certificados de licencia sin revisar a los pacientes. Según afirman desde el Ejecutivo, se trata de un fraude millonario. «Denuncié a dos médicos del Alto Valle y vamos a seguir esta causa hasta que pierdan su matrícula profesional. Y no son los únicos; hay otros 20 médicos en la provincia involucrados», dijo el gobernador Alberto Weretilneck.
Desde el Ejecutivo brindaron detalles sobre la investigación y afirman que solo una de las doctoras investigadas habría otorgado más de 2000 días de licencia con certificados médicos truchos. «Son profesionales que emitieron certificados que generaron permisividad por parte de ciertos agentes para no presentarse a trabajar, sosteniendo la carga salarial por parte del Estado, y conspirando contra el orden que debemos imponer como empleadores”, dijo el ministro de Gobierno, Trabajo, Modernización y Turismo, Federico Lutz.
Luego de la denuncia del Gobernador Alberto Weretilneck a médicos por falsificación de fotos y defraudación del Estado, la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, explicó que el caso de certificados médicos truchos se descubrió porque “se viene desarrollando un control exhaustivo sobre la asistencia o la inasistencia de los agentes públicos a sus lugares de trabajo”.
La funcionaria detalló que «detectamos un patrón alarmante en la emisión de certificados médicos, especialmente por parte de dos médicos destacados en nuestra investigación». Según Lastra, estos médicos habrían emitido cientos de certificados médicos irregulares, lo que resultó en un perjuicio económico considerable para el Estado provincial ya que los días no trabajados por enfermedad igual deben ser cobrados.
«Estamos hablando de más de 2000 días de licencias injustificadas solo en el caso de una médica, lo que representa un desfalco millonario», agregó Lastra e hizo hincapié en la colaboración del Ministerio de Salud provincial para investigar las matrículas y credenciales de los médicos involucrados.
La presunta irregularidad derivó en denuncias ante la Justicia por fraude en perjuicio de la administración pública» (artículo 174 inc. 5 del Código Penal) en concurso ideal (artículo 54) con «expedición de certificado médico falso» (artículo 295).
El operativo incluyó allanamientos en consultorios y domicilios particulares, donde se secuestraron evidencias relevantes para la investigación. «Estamos comprometidos a llegar hasta las últimas consecuencias legales y administrativas, incluyendo la posible revocación de matrículas», aseguró Lastra.
Descartan «caza de brujas» por los certificados médicos
La funcionaria, quien ejerce como nexo entre el Gobierno y los gremios estatales, intentó llevar tranquilidad a los médicos que cumplen con su labor y aseguró que “el profesional que recibe un paciente en su consultorio que llega con síntomas y lo atiende y expide un certificado no tiene que tener miedo, lo mismo el empleado que necesita justificar su inasistencia”.
Como consecuencia de estas revelaciones, se ha iniciado un proceso legal que podría resultar en sanciones severas para los médicos implicados y para aquellos empleados que presentaron certificados falsos. Se espera que las acciones judiciales no solo busquen la recuperación de los fondos desviados, sino también la aplicación de medidas disciplinarias y administrativas rigurosas.
Desde el Ejecutivo confirmaron que ya se abrieron investigaciones adicionales sobre otros 20 médicos, todos sospechosos de participar en prácticas similares, por este motivo el Gobierno de Río Negro está comprometido a tomar medidas firmes para garantizar la integridad del sistema de licencias médicas y proteger los recursos públicos de futuros fraudes.
