Dos profesionales de la salud en el ojo de la Justicia por estafas multimillonarias. El anestesista fue demorado y no lograron ubicar al médico.

Una investigación judicial por estafas multimillonarias sacude al Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. En el centro de la escena aparecen dos profesionales de la salud: el traumatólogo infantil y el anestesista acusados de haber montado un mecanismo de defraudación contra la obra social de los trabajadores petroleros, OS.PE.RI.

El perjuicio estimado supera los 20 millones de pesos y, según la querella, se logró a través de la facturación de cirugías nunca realizadas a afiliados, en su mayoría niños. El caso estalló luego de una auditoría interna impulsada por el sindicato, que derivó en una denuncia penal y en una serie de allanamientos ordenados por la justicia en clínicas y domicilios particulares de los médicos involucrados.

Según detallaron, los procedimientos requeridos por la fiscal Valeria Panozzo comenzaron por la mañana en una clínica privada y dos domicilios particulares de los profesionales médicos, y se realizan con personal del departamento de Delitos Económicos de la Policía provincial. Buscan secuestrar historias clínicas, computadoras y teléfonos celulares.

Un anestesista demorado por las estafas

De acuerdo a información relevada por LMNeuquén, el anestesista, quien fue docente en la Cátedra de «Farmacología» de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue, fue demorado para su correcta identificación. En tanto, el médico no fue localizado en su casa. A su vez, en los registros de la clínica allanada no constaba información sobre las cirugías, lo cual incrimina directamente a los profesionales de la salud.

La denuncia fue presentada por los abogados querellantes Marcelo Hertzriquen Velazco y Joaquín Tomás Hertzriken Catena en representación del Secretario General del sindicato de petroleros, Marcelo Rucci y la Comisión Directiva. Allí aportaron testimonio de afiliados y analizan de manera detallada documentación sobre 11 casos de cirugías traumatológicas pediátricas durante el periodo entre enero y junio de 2024.

«El Sindicato, sus afiliados, la Obra Social y la mutual se han visto defraudadas económicamente por pagos indebidos hacia el profesional que fraguó intervenciones quirúrgicas que no efectúo hacia afiliados que solo atendió en consultorio o incluso en Hospitales», indicaron.

El inicio de la sospecha por estafas

Para la investigación del delito, indicaron que se tomó solo un período de tiempo de seis meses del profesional aludido con el siguiente resultado de la auditoria médica a cargo del doctor Ramiro Vaca Narvaja, auditor médico de OS.PE.PRI.

Desde la querella aseguraron que el trabajo de auditoría, combinado con el área Contable y legal, posibilitó, incluso que hicieran comparecer a cada uno de los afiliados, padres porque se trata de niños, donde afirmaron bajo declaración jurada que sus hijos solo fueron al consultorio, pero nunca pasaron por el quirófano.

En este sentido, realizaron una auditoria sobre los casos facturados como cirugías traumatológicas pediátricas basadas en la documentación presentada en relación con los consumos en internación y ambulatorio, partes quirúrgicos y fichas filiatorias.

De acuerdo con el análisis determinaron que «existen incongruencias significativas que fundan con fuerza dudas sobre la veracidad de las prácticas», así como también, resaltaron que, de haberse realizado efectivamente los procedimientos tal y cual están documentados, «se puede aducir negligencia e impericia en el ejercicio de la profesión».

Cómo funcionaba el mecanismo de las estafas a petroleros

El esquema, según la investigación preliminar que realizó la querella, operaba de manera repetitiva. El análisis presentado al Ministerio Público Fiscal, detalla las fichas médicas con el nombre del paciente, y datos filiatorios, la patología, el monto facturado, la fecha de autorización, el procedimiento y fecha de quirófano, la cirugía y el nombre que se repite, del anestesista y el traumatólogo.

Diagnóstico en consultorio: los afiliados llevaban a sus hijos e hijas a controles traumatológicos. Allí recibían indicaciones médicas, pero nunca fueron derivados a quirófano.

Simulación documental: pese a no existir internación ni intervención, los médicos confeccionaban partes quirúrgicos fraguados que registraban complejas operaciones —osteoplastias, tenoplastias o neurolisis—.

Facturación exprés: las cirugías eran cargadas bajo modalidad de pronto pago y fuera del sistema SIA, lo que evitaba controles internos.

Complicidad repetida: en todos los partes figuraban únicamente P.B. como traumatólogo y M. B. como anestesista, sin registros de instrumentadores ni ayudantes, algo insólito para procedimientos de alta complejidad.

Cobro de honorarios: los montos eran millonarios y se abonaban con rapidez. Solo en el período auditado, la defraudación ascendió a más de 20 millones de pesos.

Plan sistemático de estafas con patrones repetitivos

Además, cabe destacar los casos que rozan lo grotesco, en la maniobra de estafas, donde una niña de 3 años con antecedentes cardíacos fue supuestamente sometida a múltiples cirugías en cadera, rodillas y pies, todas en apenas una hora, y dada de alta a los 60 minutos.

En tanto, un niño registrado como operado de una fractura aparecía el mismo día con consumos ambulatorios de neumología por un cuadro respiratorio. En varios expedientes, las cirugías eran descritas como de “urgencia” aunque se trataba de procedimientos programables y no existía ningún registro hospitalario. Además, en todos los casos se les otorgó el “alta” institucional a minutos del horario de finalización de las cirugías

Para la querella, los patrones muestran un plan sistemático y no meros errores administrativos. En todos los casos se pudo evidenciar que las prácticas se facturaron por presupuestos y en modalidad de pronto pago sin transaccionar a través del Instituto de Seguridad Social (SIA).

Del punteo anterior, surge que en todos los casos los intervinientes en las prácticas quirúrgicas son el traumatólogo infantil y el anestesista sin registros de consulta preanestésica, ni mención de instrumentador ni ayudantes lo cual es incongruente analizando la complejidad de las prácticas descritas en los partes quirúrgicos y además con los tiempos quirúrgicos llamativamente cortos y puntuales para lo cual sería estrictamente necesario la incorporación de los auxiliares mencionados.

En ningún caso se pudo evidenciar internación pre ni postquirúrgica institucional con la documentación facilitada para la auditoria, incluyendo casos de pacientes de alto riesgo quirúrgico y de múltiples intervenciones simultáneas en el mismo acto mencionados en los partes.

Por último, en todos los casos analizados existen inconsistencias en la descripción de prácticas quirúrgicas y anestésicas en los partes quirúrgicos con ausencia de detalles de medicación, incluyendo ausencia de profilaxis antibiótica, y en algunos casos en los horarios quirúrgicos limítrofes y estrechamente superpuestos entre pacientes para un mismo día, lo cual no es replicable en la práctica operatoria y para la anestesia fuera de los límites de la práctica y sin tiempos de higiene y esterilización de quirófanos.