Ingresó este miércoles una denuncia en la Legislatura por incumplimiento de la ley de Etica Pública contra una legisladora del PRO, poniendo nuevamente en crisis el manejo de los fondos públicos por parte de los representantes institucionales.
La presentación alude a que la parlamentaria viedmense Ofelia Stupenengo nombró a cuatro familiares directos (hijo, yerno, nuera y nieta, con sus nombres) como “asesores y/o auxiliares legislativos” y, además, alude a otra designación en el Tribunal de Cuentas municipal, también con integración del PRO.
En el escrito ingresado en la Legislatura está firmado por dirigentes del mismo partido en Viedma, entre ellos, Julio Barreno, conocido por su actuación peronista aunque, en los últimos años, milita en la fuerza fundada por Mauricio Macri.
Además, Barreno es asambleista del PRO y forma parte de la lista encabezada por Juan Martín en el actual proceso interno para la conducción partidaria en Río Negro.
Stupenengo también está en esa nómina propuesta por el sector liderado por el dirigente roquense y presidente del bloque en su compulsa con Patricia Mc Kidd por la presidencia del PRO, que conduce actualmente Aníbal Tortoriello.
El denunciante afirmó que la presentación en la Legislatura surgió después que no existieron respuestas de las autoridades del bloque y del partido donde inicialmente se planteó esta situación.
Además, Barreno adelantó su renuncia y de otros dirigentes, incluso algunos firmantes, a la lista de Martín para la elección del próximo 19 de mayo.
Desde la Legislatura se confirmó la formalización de la denuncia y su derivación para su «análisis jurídico». Por su parte, Stupenengo solo respondió «no estar al tanto de eso» cuando se la consultó por la acusación ingresada en el Poder.
El escrito plantea que “semejantes hechos de inmoralidad, falta de ética, con grado de nepotismo jamás visto en la Legislatura, tratándose de una legislatura merece” que se abra “un sumario” de la ley 3550 por “haber violado” el apartado de “la incompatibilidad de la función pública”. Agrega el inciso H que impugna “recibir cualquier tipo de ventaja con motivo u ocasión de sus funciones, así como aprovechar la función para obtener beneficios de cualquier tipo”, como también, incorpora el K que cuestiona el “uso de propiedad de Estado” y “servicios en beneficio personal, de amigos o de familiares”.
La denuncia menciona a las personas contratadas, con parentescos con la legisladora, reafirma que son “designaciones familiares con cargo al presupuesto provincial” y detalla que las pruebas están en “el sector de recursos humanos de la Legislatura” y en el área “correspondiente del municipio local”, en referencia al nombramiento en el Tribunal de Cuentas.
(Río Negro)
