El juez federal Norberto Guillermo Costabel hizo lugar al pedido del fiscal Abel Córdoba y determinó que el empresario Lázaro Báez regrese a la cárcel común para cumplir la condena de 10 años de prisión que le fue impuesta por lavado de dinero en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
Aunque hoy debió dejar la casona de dos plantas y estilo moderno frente al Lago Argentino, en El Calafate, donde cumplía prisión domiciliaria, el empresario kirchnerista no estará lejos de todo: será alojado en una cárcel que queda a solo 150 metros de lo que fue su casa familiar, cuando ya había creado el imperio de Austral Construcciones.
Otro detalle, tanto la casona frente al Lago Argentino como la cárcel en Río Gallegos están sobre calles llamadas “Presidente Néstor Kirchner”. Y en el trayecto entre ambas direcciones homónimas, Baez pasará después de casi una década por la tranquera de varias de la estancias que supo adquirir en las épocas doradas de crecimiento patrimonial. Algunas ya fueron rematadas como el caso de Río Bote, Cruz Aike y Campamento, todas dentro de la Quiebra Judicial de Austral Construcciones SA, la empresa insignia de todo el imporio de la construcción que erigió a partir del 2003.
Con chaleco de seguridad negro, esposado y custodiado por cuatro efectivos de la Gendarmería Nacional, después de las 15 Báez fue trasladado a bordo una camioneta ford ranger de esa fuerza con destino a Río Gallegos, distante a 300 kilómetros de El Calafate, un recorrido que estará marcado por la fuerte neblina que cubre la zona. En Río Gallegos será alojado en la Unidad Penitenciaria 15 del Servicio Penitenciario Federal.
La mañana de Báez hoy se inició agitada, antes que trascienda la orden de arresto, personal de Gendarmería Nacional lo escoltó desde su casa en la costanera “Presidente Néstor Kirchner” hasta el predio del Escuadrón 42 de Gendarmería Nacional “Cabo Víctor Manuel Guerrero”, ubicado en el centro de El Calafate.
En el lugar no hay celdas para cumplir con la detención, solo un albergue de oficiales. Tras pasar unas pocas horas allí, se inició el viaje a la cárcel 15 de Río Gallegos, que está ubicada a solo 150 metros de su casa familiar, donde aún reside su exesposa Norma Calismonte.
Báez, de 69 años, cumplía hace un año la prisión domiciliaria en El Calafate en una casona de dos plantas, de líneas modernas con rejas negras y caseta de seguridad.
Según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION, Báez ahora dependerá de los planteos que realice su defensa, que probablemente insistirá con el arresto domiciliario. La Unidad 15 tiene una capacidad operativa para alojar a 110 internos y se encuentra ubicada sobre la Avenida Presidente Nestor Kirchner, de Río Gallegos.
Nueve años y dos meses después de quedar detenido en el aeropuerto de San Fernando, en abril del 2016, Báez volverá al mismo barrió en el que vivió: no sólo la casa familiar le queda a 150 metros, también el Club Boca, que le perteneció y en el que llegó a realizar actos políticos que contaron con la presencia de Cristina Kirchner cuando era presidenta.
Su condena quedó firme porque la Corte Suprema de Justicia rechazó todos sus recursos en la causa “La ruta del dinero K”.
Por eso, el fiscal del juicio presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal 4 en el que pide que se haga el cómputo del tiempo que lleva detenido Báez y solicita que lo que falta por cumplir sea en la cárcel. Ahora, Costabel, que está cargo de la ejecución de la condena, resolvió que el empresario santacruceño regrese a una prisión federal. Junto con Costabel, firmaron el acta los jueces Ricardo Basílico y Fernando Canero, miembros del Tribunal Oral Federal N°4.
El otrora poderoso empresario de la construcción portaba una tobillera electrónica que monitorea sus movimientos las 24 horas: de acuerdo a diferentes testigos que transitan habitualmente la costanera “Presidente Néstor Kirchner” frente a su casa, solía ser visto en el jardín de la vivienda, de césped, pero sin flores, o bien en la puerta recibiendo algún envío, intercambiando con las pocas personas que suelen entrar y salir de la casa.
El fallo de la Corte
La Corte Suprema votó por mayoría la semana pasada por confirmar la condena. Horacio Rosatti, Ricardo Lorezentti y dos conjueces lo hicieron a favor, mientras que Carlos Rosenkrantz lo hizo en disidencia y se pronunció a favor de enviar el caso a la Procuración.
La maniobra consistió en haber armado una estructura jurídica, bancaria y financiera para lavar más de 60 millones de dólares entre 2010 y 2013 que provenían de facturación ilegal.
El caso es recordado por las imágenes en televisión que presentó el periodista Jorge Lanata. Se veía allí a uno los principales acusados contando dólares en “La Rosadita”, como se conocía a la financiera clandestina de Puerto Madero que movía el dinero al exterior.
La instrucción determinó que existió una organización criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realizó maniobras de lavado de dinero implicados principalmente del manejo de la empresa Austral Construcciones que dirigía Báez, a través de la financiera SGI, mediante un entramado que funcionó en el país y en el exterior, y que logró la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por US$ 54.872.866,69.
El dinero salió del país, fue depositado en el extranjero y ingresó a las cuentas de diversos bancos internacionales –generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras empresas. Luego se adquirieron bonos de deuda pública que fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcción SA (ACSA).
El juicio oral ocurrió entre 2018 y 2021. El 26 de febrero de 2021, el Tribunal Oral Federal 4, a cargo de los jueces Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñiguez, decidió por mayoría condenar a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de activos agravado. También recibieron penas otras 21 personas. Entre ellas los cuatro hijos del empresario -Martín, Leandro, Melina y Luciana-, Pérez Gadín, Chueco, Federico Elaskar y el arrepentido del caso, Leonardo Fariña.
Por Mariela Arias
(La Nación)
