Ante la falta de pagos, las distintas instituciones de la Patagonia advirtieron que evalúan limitar de manera progresiva los servicios, comenzando por las prestaciones ambulatorias y programadas para sostener la atención de urgencias.
Diferentes clínicas y sanatorios de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa alertaron sobre la «situación económico-financiera crítica» que atraviesan como prestadores del PAMI y advirtieron que, de no regularizarse los pagos adeudados, podría verse afectada la continuidad de las prestaciones médicas a partir del 10 de febrero.
El aviso fue formulado mediante una nota dirigida al director ejecutivo del INSSJP- PAMI, Esteban Leguízamo, y un comunicado de prensa difundido posteriormente para informar a la población y mantener al tanto a los afiliados de la obra social.
Andrés Sabalette, gerente de la clínica Juan XXIII, comentó que “la situación de PAMI, que es la que nos ocupa, es la misma para todos”, y explicó que el problema responde tanto al atraso en los pagos como a “la depreciación de los aranceles”.
En ese sentido, aclaró que “si bien los convenios son individuales, cada institución tiene su convenio, el modelo es único”, y que “todos tenemos el mismo tipo de convenio y la misma dinámica de facturación y de pago”. Por ese motivo, sostuvo que “el planteo no es individual, sino colectivo”.
Atraso en los pagos y depreciación de valores arancelarios jaquean la atención en las clínicas
En el primer documento emitido el 4 de febrero, las instituciones señalaron que vienen planteando desde hace tiempo sobre el deterioro de su situación financiera, la cual atribuyen principalmente a la depreciación sostenida de los valores arancelarios, así como el atraso en los pagos. «Situación que se ha visto particularmente agravada durante los últimos dos meses», sostuvieron.
Según indicaron, en promedio, los ingresos provenientes de PAMI representan el 40% de la facturación total de las clínicas de la región, porcentaje que en algunos lugares es incluso mayor. Explicaron que esa dependencia financiera vuelve «muy difícil de resolver» cualquier desequilibrio cuando se producen demoras en los pagos.
En particular, detallaron que dependen del cobro de los módulos de internación de Nivel II y III para afrontar el pago de los salarios, el cual históricamente se efectúa el último día hábil de cada mes. El corrimiento de esas fechas, marcaron, genera en muchos casos la imposibilidad de abonar los sueldos del personal.
A esa situación se suma el atraso de un mes en el pago de las prestaciones ambulatorias y la pérdida constante del valor real de los módulos, cuyos precios no acompañaron el aumento de los costos operativos.
Sabalette explicó que la falta de pagos afecta en la capacidad operativa de las clínicas. «Hay clínicas que no pueden pagar sueldos, que no pueden pagar a proveedores de insumos esenciales, y eso nos quita recursos para dar los servicios con seguridad», afirmó. Por esto, sostuvo, las decisiones anunciadas buscan administrar los recursos en un contexto de restricción financiera.
El referente que esta no es una situación inédita, y explicó que los conflictos con el PAMI «son situaciones que se han repetido a lo largo de la historia», aunque aclaró que «lo que es un poco inédito, porque hacía varios años que no ocurría, es el atraso en los pagos«. Según precisó, durante gestiones anteriores y también al inicio de la actual «teníamos problemas con los valores, con la actualización de precios, pero no con los plazos de pago».
Limitarán de forma progresiva la atención y evalúan la suspensión total de las prestaciones
En el comunicado difundido el 5 de febrero, las clínicas señalaron que desde noviembre el PAMI mantiene un atraso mensual en el pago de las prestaciones ambulatorias y que en enero tampoco se efectivizó el pago de las internaciones. «Si en el transcurso de tres meses solo se abonaron dos, y sin expectativas de que esta situación se resuelva en el corto plazo, el impacto financiero es muy difícil de paliar«, afirmaron.
La instituciones remarcaron que el atraso «en un ingreso de semejante magnitud, es imposible de administrar financieramente». Esto provocó dificultades para afrontar el pago de los salarios del personal.
En ese marco, aseveraron que en la medida en que no se atiendan estos «justos y razonables» reclamos, «será inevitable la afectación de la continuidad de los servicios«.
Ante este escenario, los prestadores informaron al PAMI que, con el objetivo de «resguardar, en la medida de lo posible, la atención de urgencias y emergencias», se verán obligados a limitar de forma progresiva los servicios, comenzando con las prestaciones ambulatorias y programadas a partir del 10 de febrero, si no hay respuestas concretas.
«De persistir la falta de respuesta a los requerimientos planteados, la suspensión total de las prestaciones se tornará inevitable, con el consiguiente perjuicio para los pacientes, los prestadores y el propio Instituto», reafirmaron.
En ambos documentos, las clínicas aclararon que estas decisiones “no constituyen medidas de fuerza” ni responden a una voluntad deliberada de los prestadores, sino que son consecuencia directa de la falta de recursos para sostener los servicios.
Además del atraso en los pagos, los prestadores señalaron la fuerte depreciación de los aranceles. Indicaron que solo durante 2025 los valores de las prestaciones se desvalorizaron en un nivel equivalente a la mitad de la inflación anual, lo que hace que muchos servicios no puedan brindarse porque los costos de insumos, medicamentos y materiales superan ampliamente los montos reconocidos por la obra social.
Finalmente, las clínicas manifestaron su disposición al diálogo y expresaron confianza en la gestión de las autoridades centrales del PAMI. «Rescatamos y valoramos el diálogo que mantenemos con los funcionarios a cargo», señalaron, aunque «ya no resulta posible sostener el sistema» si no se resuelven las cuestiones de fondo.
Sobre ese punto, el referente de la clínica Juan XXIII confirmó que existe contacto directo con el director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, aunque todavía «no hubo una reunión formal».
«Tenemos buen diálogo, lo hemos tenido antes e inclusive después de la presentación que hicimos», afirmó, y agregó que el funcionario «compromete su esfuerzo y confía en poder encontrar soluciones a corto plazo que eviten esta limitación de servicios». Sin embargo, aclaró que «por ahora es un compromiso» y que «en la práctica todavía no tenemos certeza ni una fecha concreta, que es lo que estamos pidiendo«.
Fuente: (Río Negro)
