Existe preocupación en la Uocra por los atrasos en el pago de certificaciones que han venido sufriendo empresas constructoras que tienen a cargo obras de la Provincia en Cipolletti y Catriel. El gremio ha efectuado gestiones ante las autoridades gubernamentales en procura de una solución definitiva. Y es que se ha planteado, incluso, el riesgo de que no se comiencen los trabajos previstos para el mes o de que, aunque empiecen, puedan paralizarse en cualquier momento.

En el gremio, hasta principios de diciembre consideraban que este 2023 iba a ser un año más bien tranquilo y sin mayores complicaciones, en parte, por tratarse de un año electoral en el que los oficialismos procuran que todo se desarrolle sin sobresaltos ni complicaciones innecesarias.

Pero no ha sido así. Y es que hay casos de constructoras que desde agosto pasado que venían sin cobrar por sus certificaciones de obra y no están dados los tiempos económicos para aguantar demoras tan prolongadas.

Así las cosas, enterada la Uocra de la inquietud empresaria y de los riesgos consiguientes para las fuentes laborales de cientos de trabajadores, la dirigencia obrera se dedicó en el último tramo de diciembre pasado a enviar notas a ministerios provinciales, como los de Economía y de Educación, para alertarlos de lo que estaba pasando.

En las notas, firmadas por el secretario general del sindicato, Juan Garrido, se les advirtió a las autoridades provinciales sobre la realidad que estaban afrontando las empresas Zoppi, a cargo de la construcción de la escuela primaria del Distrito Vecinal Noreste; Zigma, responsable de la refacción y ampliación de la escuela primaria 142 de Cipolletti y de similares trabajos en la escuela secundaria 21 de Catriel; y Urbana, que realiza un nuevo jardín de infantes en Cipolletti.

Las comunicaciones tienen fecha del 20 de diciembre pero ayer el titular de la Uocra, Juan Garrido, manifestó que no tenía conocimiento de que se hubiera avanzado en una solución. Él mismo mantuvo en los últimos días de 2022 un contacto con el ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler, quien quedó en buscar en una solución al asunto.

De acuerdo con las notas enviadas, la preocupación estaba instalada en las empresas porque se podría ver complicada la continuidad de las obras durante el año recién comenzado. Y ello porque los atrasos dejaban poco margen, haciendo que el futuro de los emprendimientos fuera «incierto e insostenible».

La Uocra consignó entonces que, de darse los peores augurios, se impactaría en forma directa en las fuentes de trabajo de 140 operarios, quienes «quedarían desocupados y sin tareas» a partir del mes ahora en curso.

Como no podía ser de otra forma, el gremio dejó sentado que, de empeorarse finalmente la situación, se podrían desatar medidas de fuerza y movilizaciones por la situación laboral de los obreros afectados.

A todo esto, los atrasos en las certificaciones no es el único problema con que se está enfrentando la Uocra, donde se miraba el 2023 con más optimismo. Y es que todavía no está claro cuándo arrancará la construcción de los planes de vivienda ya licitados para Cipolletti y se desconoce también qué acontecerá con el proyecto de refacción y mejora de la Ruta 151, licitado por Nación y adjudicado a la empresa Luciano, pero que no fue incluido en las partidas del presupuesto nacional para este año. Ahora, salvo que el gobierno del presidente Alberto Fernández promulgue un decreto de necesidad y urgencia para dotar de fondos al emprendimiento vial, la propuesta seguirá durmiendo el sueño de los justos.