Casi 14 años después de la tragedia de Sol en la Región Sur de Río Negro, en la que murieron 22 personas, la Justicia Federal decidió esta semana procesar con prisión preventiva a seis directivos de la aerolínea.
En el mismo fallo, se dispuso procesar sin prisión preventiva a otros cinco involucrados en la investigación y sobreseer a otros dos hombres más, delimitando de esa manera las responsabilidades penales por las condiciones de la aeronave y las situaciones de peligro que rodearon al fatídico vuelo que había partido desde Neuquén, con destino a Comodoro Rivadavia.
Según se informó, la resolución del Juzgado Federal de Bariloche fue firmada el sábado pasado por el juez federal Gustavo Villanueva, afectando principalmente a Horacio Gabriel Angeli, Horacio Rubán Darre, Danilo Alberto Pojmaevich, Hugo Carlos Rodríguez, Jorge Ricardo Costales y Jorge Omar Herera. Todos ellos fueron procesados “por el delito de poner en peligro la seguridad de una aeronave, agravada por haber producido un desastre aéreo y la muerte de 22 personas (art. 190 del Código Penal)”.
Seguirán en libertad
Si bien el magistrado dispuso la medida “con prisión preventiva”, el escrito indica que los imputados seguirán “manteniendo su libertad durante el proceso y debiendo informar al Juzgado cuando vayan a ausentarse de su domicilio por más de 20 días y todo cambio de domicilio real”.
Horacio Angeli era presidente de Sol Líneas Aéreas al momento de la tragedia aérea y los demás procesados formaban parte del cuerpo directivo de la compañía.
El fallo también dispuso el embargo de los bienes de los nombrados “hasta cubrir la suma de doscientos treinta y cinco millones de pesos ($235.000.000) cada uno”.
En tanto, Villanueva procesó sin prisión preventiva a Gustavo Claudio Cebreiro, Gustavo Alberto Daneri, Hector Pascual Morbidoni, Paolo Marino y Mario Antonio Parrello, “por el delito de poner en peligro la seguridad de una aeronave”.
Los cuatro primeros también eran miembros del directorio de Sol, en tanto que Parrelo fue quien despachó la aeronave el día del hecho desde el Aeropuerto Internacional Neuquén. Para ellos también se fijaron embargos, pero de hasta 4 millones de pesos.
Sobreseimientos revocados
A lo largo de 125 páginas, el escrito del juez Villanueva repasa los hechos y las actuaciones judiciales registradas desde 2011, destacando que hubo sobreseimientos iniciales para los directivos y declaración de extinción de la acción penal, ratificados por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, pero que luego fueron revocados por Casación Penal en el 2023.
Es así que el nuevo análisis se centra sobre las conductas de los responsables de la compañía, no en el episodio trágico del 18 de mayo del 2011, sino en el contexto en el que se desarrolló ese vuelo.
Y en ese sentido, el juez consideró acreditado que el Saab 340A, matrícula LV-CEJ carecía de elementos indispensables para garantizar la seguridad y que, al mismo tiempo, los integrantes de la tripulación no habían sido capacitados en forma suficiente como para actuar en un escenario como el que se presentó esa noche, con el avión afectado por engelamiento.
“No es que la carencia de comunicación pueda hacer que la aeronave se precipite, y en autos la causalidad directa fue determinada. Sin embargo, en el análisis que se viene realizando, y conforme la conclusión de los peritos, la situación incrementó la incertidumbre del comandante y, probablemente -con el grado de certeza exigido para este tipo de resoluciones- pudo haber influido para actuar de la manera que lo hizo”, sostiene el juez en su escrito.
La falta de instrucción
Sobre el otro aspecto central analizado, el magistrado concluyó que “la falta de instrucción específica indicada puso en peligro la seguridad de la aeronave y, en este caso, el peligro desencadenó el resultado final, agravando la figura por el desastre aéreo y las muertes producidas”.
Otra de las condiciones analizadas consistió en haberse despachado el vuelo sin contar con un informe meteorológico actualizado y con información confusa sobre el peso y balanceo de la aeronave.
“La falta de información actualizada constituyó un peligro para la seguridad de la aeronave”, sostiene el auto de procesamiento.
Las conclusiones sobre la tragedia aérea
Finalmente, para la Justicia “surge de las pruebas acumuladas durante la investigación, corroboradas por el contenido de las conversaciones mantenidas dentro de la aeronave, y con el grado de certeza exigido para este tipo de decisión, que la aeronave no se encontraba aeronavegable por no haber cumplido con las ADs mencionadas, circunstancia que podía provocar el desprendimiento de las hélices”.
Y sumado a eso, se destacaron los siguientes factores:
“Los tripulantes no tuvieron la oportunidad de realizar un correcto análisis del vuelo («briefing») a partir de un despacho de la aeronave que contase con todos los informes, particularmente meteorológicos, que previese un plan de contingencia frente a una posible situación de engelamiento severo, y con la contemplación de un peso acorde con el que despegaron”.
“La tripulación no mantuvo comunicación con la ACC que le correspondía en los momento críticos”.
“Las confusiones frente a una situación de engelamiento, que fue advertida por los pilotos según surge de los diálogos de cabina, no encuentran otra explicación que una falta de capacitación para ese tipo de situaciones, frente a lo cual al parecer solo pudo recurrir a su experiencia pasada”.
Del mismo modo, la confusión de la situación de proximidad a pérdida y presencia de hielo en las hélices -por el temblor de la aeronave- también encuentran explicación en la falta de capacitación específica en simulador”.
Dos sobreseimientos
Los únicos sobreseimientos dictados por el juez Villanueva alcanzaron a Stefano Angeli y Héctor Cicchitti, sobre quienes no se hallaron elementos para atribuirles responsabilidades.
Sobre el resto, el magistrado consideró que “para dictar un auto de sobreseimiento es necesaria la certeza negativa, siendo que los restantes elementos permiten -cuanto menos- sostener la hipótesis y eventualmente abrir el amplio debate que se merece este caso en audiencia oral y pública, de uno de los más graves accidentes ocurridos en la aeronavegación nacional, y de esa manera dar una respuesta concluyente a los familiares de las víctimas y a la sociedad”.
