UnTER definió 48 horas de paro durante la próxima semana
En un movimiento de protesta significativo, el CCCLXXIX Congreso Extraordinario de la Unión Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER), celebrado este 20 de septiembre en Viedma, acordó llevar a cabo un paro provincial de 48 horas los próximos días 26 y 27 de septiembre.
Esta medida será acompañada por una movilización provincial hacia la Legislatura provincial de Viedma el 26 de septiembre, con la participación de las 18 seccionales de la provincia, de acuerdo a lo que se definió en el extenso plenario concretado en un predio gremial de esta ciudad.
Durante la jornada de análisis y debate, donde se definieron los próximos pasos de la lucha, los delegados y delegadas reunidos resolvieron además la realización de paros zonales que comenzarán a partir de la semana del 30 de septiembre. Estas acciones se concretarán en fechas específicas que serán determinadas durante un próximo Plenario de Secretarios Generales tras el paro del 26 y 27 de septiembre.
ELa jornada comenzó con una concentración frente a la Casa de Gobierno, donde los representantes de la UnTER exigieron una audiencia con el gobernador Alberto Weretilneck. Entre los reclamos se incluyó la derogación de las Resoluciones N° 5153/24 y 5154/24, y el cumplimiento estricto del vigente régimen de licencias docentes establecido en la Resolución 233/98.
Además, el congreso rechazó enfáticamente dos proyectos de ley en discusión. El primero de ellos busca declarar a la educación como un servicio estratégico esencial y el segundo propone instaurar el presentismo en la provincia. Según la UnTER, estas iniciativas son medidas que atentan contra los derechos laborales de los docentes y calidad de la enseñanza.
El clima de descontento en el sector educativo de la provincia es palpable y la dirigencia sindical señaló que estas medidas de fuerza continuarán hasta que sus reclamos sean atendidos por las autoridades. La UnTER subraya la importancia de la unidad y la organización de sus afiliados para enfrentar las políticas que consideran perjudiciales para la educación pública.
