La fiscalía describió dos ataques: el primero habría sido ejercido en la trafic que los transportaba. El otro ocurrió en la base de la empresa, que es proveedora de los caños del gasoducto Néstor Kirchner, en Vaca Muerta.
Un joven subió a la trafic que lo iba a llevar desde el trabajo hasta la casa. Sus compañeros estaban esperándolo, molestos por la tardanza. Hacía 12 días era empleado de una empresa petrolera. Entró. Lo sujetaron de los brazos, intentaron besarlo a la fuerza, lo golpearon en la cabeza y en la espalda, y allí lo violentaron sexualmente. Llamaban a la práctica: «el feliz cumpleaños». Él se resistió.
Ese es el relato que realizó la fiscal Silvia Moreira hoy ante la jueza de Garantías, Bibiana Ojeda, en la audiencia de formulación de cargos contra cuatro varones, acusados de abuso sexual simple, agravado por haber sido cometido por dos o más personas.
Todos ellos estaban en la combi de Turismo Patagonia que transportaba a los trabajadores desde Senillosa, donde funciona la base de la empresa Tenaris, proveedora de los caños del gasoducto Néstor Kirchner, en Vaca Muerta, hasta la vivienda de cada uno de ellos. Ocurrió el 28 de noviembre de 2022, entre las 18.10 y 18.30.
Los imputados eran empleados de trayectoria: entre ocho y nueve años en la compañía. Fueron despedidos con causa, por lo que no recibieron indemnización. En su momento el secretario general del sindicato petrolero, Marcelo Rucci, aseguró que la empresa «se puso en juez». Sostuvo que «el que se mandó una macana acá, que se haga cargo» pero no todos, según él, participaron de la situación.
Moreira también describió un segundo ataque que se produjo al día siguiente, el 29 de noviembre. El joven estaba haciendo un inventario, en el comedor de supervisores. Un compañero pasó reiteradamente por detrás, refregándole sus genitales. Allí se quebró, tiró las hojas y dijo basta. Esta quinta persona fue imputada por abuso sexual simple.
La denuncia en la fiscalía es del 1 de diciembre de 2022. El 30 de noviembre el joven hizo la presentación en la empresa.
Se ofreció como evidencia la pericia médica que constata lesiones, la declaración del personal de Recursos Humanos, y la de los compañeros que estaban arriba de la trafic, además de los videos de las cámaras de seguridad. La fiscal manifestó que muchos tenían temor de ser echados.
En los testimonios aparece como una práctica habitual lo que denominan «la pela» o la «capotera», una suerte de golpiza legitimada entre compañeros.
La defensora pública Eliana Lazzarini se opuso a la formulación de cargos y la calificó de prematura. También lo hicieron los defensores José Alberto Quintero Marco y Rafael Cuchinelli, pero plantearon otros argumentos, por ejemplo, que la prueba era débil e incluso mencionaron que los hechos son producto de la imaginación de la víctima, descalificándola.
Ojeda no hizo lugar a estas consideraciones y avaló las imputaciones. El plazo de investigación fue fijado en cuatro meses.
