La Legislatura rionegrina aprobó una ley que permite prisión preventiva por reiterancia delictiva y crea un registro provincial de huellas genéticas
La Legislatura de Río Negro aprobó una ley que marca un punto de inflexión en el abordaje judicial del delito en la provincia. Con el voto unánime en general y mayoría en particular, quedó sancionada la norma que incorpora la figura de la reiterancia delictiva al Código Procesal Penal. También se crea el Registro Provincial de Huellas Genéticas, si bien ambas medidas apuntan a reforzar la seguridad y el esclarecimiento de delitos, fue la inclusión de la reiterancia lo que generó un extenso y polarizado debate legislativo.
A partir de ahora, los jueces tendrán una nueva herramienta para considerar dictar prisión preventiva o denegar la exención de prisión. La ley establece que podrá tomarse como indicio de riesgo procesal que una persona tenga causas penales en curso con cargos ya formulados. Esta modificación busca dar herramientas al Poder Judicial para actuar con más firmeza ante personas con múltiples antecedentes judiciales activos.
Lucas Pica (JSRN), legislador y miembro informante del proyecto, defendió la reforma como una señal de que la provincia quiere “decir basta a la impunidad”. Citó casos donde imputados acumularon más de diez delitos en menos de un año y medio, sin haber enfrentado prisión. “Queremos cerrar la puerta giratoria en la Justicia”, expresó, y rechazó los cuestionamientos que sugieren que esta herramienta vulnera el principio de inocencia: “No es una condena anticipada, es una medida provisoria que apunta a garantizar el proceso”.
El respaldo al concepto de reiterancia delictiva fue fuerte entre los bloques aliados al oficialismo. Legisladores como Patricia Mc Kidd (JSRN) y César Domínguez (Primero Río Negro) destacaron que la medida da respuesta al reclamo de seguridad de los vecinos, víctimas de delitos reincidentes. “Esta ley permitirá decirle basta al que las hace y no las paga”, afirmó Mc Kidd. Domínguez, por su parte, subrayó que la reforma “brinda instrumentos a jueces y fiscales” y que los derechos humanos “también son los derechos de las víctimas”.
Desde el PRO, tanto Juan Martín como Martina Lacour acompañaron con entusiasmo la sanción. Martín consideró que la ley “coloca a la víctima en el centro de la escena” y Lacour defendió que “no se trata de más presos, sino de menos delitos”. En la misma línea, Ariel Bernatene (UCR) sostuvo que se trata de “una herramienta concreta para mejorar la seguridad ciudadana”.
Posturas en contra
No obstante, el debate estuvo lejos de ser unánime. Desde la oposición, surgieron críticas tanto a la constitucionalidad de la figura de reiterancia como a la viabilidad de su aplicación práctica. Luciano Delgado Sempé (Vamos Con Todos) advirtió sobre los riesgos de “hacer leyes para el aplauso” sin consultar a actores del sistema judicial. “No se puede amontonar gente en cárceles ya colapsadas”, alertó.
Ana Marks (PJ-NE) calificó la iniciativa como parte de un “discurso punitivista” que responde a un “clima de época” y no resuelve el problema de fondo. “Personas sin condena podrían ser privadas de su libertad. Eso vulnera el principio de inocencia”, sostuvo. Magdalena Odarda fue aún más tajante: calificó la figura como “manifiestamente inconstitucional” y advirtió que podría “criminalizar la protesta social”.
También hubo cuestionamientos desde una perspectiva técnica y política. Daniel Belloso, del mismo bloque, sostuvo que la medida “habilita restricciones de libertad por mera sospecha”, en contradicción con los principios del derecho penal moderno. Fernando Frugoni (CC-ARI Cambiemos) pidió “regular las expectativas” y puso en duda la existencia de una política carcelaria capaz de sostener los efectos de esta ley: “Las cárceles están superpobladas”.
Incluso entre quienes acompañaron el proyecto en general hubo reparos sobre la forma en que se incorporó la figura de la reiterancia. Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) propuso que la norma sea ubicada de forma más clara dentro del cuerpo legal para evitar interpretaciones dispares. Además, advirtió sobre la distancia entre la norma y la capacidad real del Poder Judicial para implementarla.
Creación del Registro Provincial de Huellas Genéticas
En paralelo, se aprobó la creación del Registro Provincial de Huellas Genéticas (RPHG), una herramienta destinada a individualizar a los responsables de delitos dolosos y colaborar en la localización de personas desaparecidas. Esta medida generó amplio consenso entre los bloques, y fue calificada por Pica como una “reforma crucial” que permitirá “hallar la verdad” en las investigaciones judiciales.
El nuevo registro ampliará el banco de datos de abusadores sexuales para incluir también a imputados con cargos formulados, menores con responsabilidad penal declarada y personal de fuerzas de seguridad.
Con estas leyes aprobadas, la Legislatura provincial logró dotar de más herramientas al sistema judicial para resolver y castigar a los responsables por el flagelo de la inseguridad que se ve inmersa cada localidad rionegrina.
