Este viernes, La Intendente Salzotto, el Presidente de la Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE) Ramiro Arceo y Diego Guzmán (UOCRA), firmaron la adhesión al amparo que presentará el Gobernador Weretilneck al Gobierno Nacional.
Weretilneck, confirmó que llevará al Gobierno Nacional a los tribunales para exigir el cumplimiento de las tareas de mantenimiento en las rutas nacionales que atraviesan la provincia. La presentación judicial incluirá una medida cautelar, que se realizará en primera instancia por el deterioro de la ruta 151, y luego se ampliará a la ruta nacional 22.
“Uno de los grandes temas de la Argentina es la conectividad y la logística. El nivel de deterioro y de desgaste es enorme. No hay una sola provincia en la que haya obras del Estado nacional”, denunció Weretilneck en declaraciones radiales. Según el mandatario, se trata de una situación crítica que pone en riesgo la seguridad vial y limita el desarrollo de sectores clave como el comercio, el turismo y la producción.
La acción judicial se presentará a través de la Fiscalía de Estado, con el respaldo de intendentes del oeste provincial, cámaras empresariales y gremios. “Estimamos que en breve vamos a estar presentándonos en el Juzgado Federal para solicitar a la Justicia que genere acciones que obliguen a Vialidad y al Estado nacional a resolver la problemática de la ruta 151”, indicó.
Weretilneck explicó que se llegó a esta instancia luego de agotar las vías administrativas, sin haber recibido respuesta por parte de la Nación. Además, advirtió que el mal estado de las rutas no se limita a la 151, sino que se extiende a otras arterias clave como la ruta nacional 3, la 23 y la 40 Sur, todas con alto tránsito de vehículos particulares y camiones.
El gobernador alertó que el abandono de estas vías no solo implica un riesgo constante para quienes las transitan, sino que también perjudica la actividad económica al afectar la conectividad de zonas productivas y petroleras del Alto Valle y la Región Sur.
El reclamo rionegrino se produce en sintonía con lo sucedido recientemente en la provincia de Formosa, donde el Juzgado Federal N°1 hizo lugar a una medida cautelar presentada por organizaciones civiles, transportistas y la Defensoría del Pueblo, y ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad a ejecutar obras urgentes en las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95. La Justicia advirtió que la inacción del Gobierno Nacional “pone en riesgo la vida, el trabajo y otros derechos fundamentales con la sola excusa de ahorrar dinero”. El fallo obliga a realizar tareas de bacheo, sellado de grietas y limpieza de banquinas en un plazo máximo de 90 días, incluyendo tramos críticos como el Puente Blanco.
Este antecedente favorable alimenta las expectativas de que la Justicia también atienda los reclamos presentados desde Río Negro, en un contexto donde varias provincias evalúan iniciar acciones similares por el abandono de rutas nacionales claves para su conectividad y desarrollo.
