Pero la tramitación de la causa derivó en la aplicación de una suspensión de juicio a prueba (probation) que le concedieron en una audiencia realizada en agosto de 2021 con el cumplimiento de pautas de comportamiento. La propuesta fue posible porque no tiene antecedentes penales computables y además la víctima no presentó objeciones.
Entre las medidas a cumplir por el término de un año y medio le ordenaron: mantener el domicilio, no cometer nuevos delitos y le prohibieron acercarse a las víctimas y a su domicilio. También debió someterse al control del Instituto de Asistencia de Presos y Liberados, y abonar $1000 a la Cooperadora del hospital de Catriel en concepto de reparación económica.
Al cumplirse el plazo estipulado la fiscal Adjunta, Andrea Bolognese, presentó un escrito en el que pidió el sobreseimiento dado que además la mujer no cometió nuevos delitos y cumplió las pautas impuestas, incluido el desembolso de dinero al hospital.
Ante el planteo de la parte acusadora, el juez Marcelo Gómez dictó el sobreseimiento en un fallo en el que declaró que el proceso no afectó “el buen nombre y honor del que hubiera gozado la imputada”, como lo establece el Código Penal rionegrino.
