Claudia Insaurralde fue arrestada por la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el Aeropuerto de Ezeiza, junto a otras dos personas. Este jueves formalizarán la imputación en su contra
La pareja del empresario Lázaro Báez, Claudia Insaurralde, fue detenida en un operativo llevado adelante en el Aeropuerto de Ezeiza este lunes, tras abordar un vuelo desde la Patagonia hacia Buenos Aires. Su arresto se dio a partir del avance de dos causas relacionadas que involucran sospechas de tráfico de drogas, lavado de dinero y la puesta en circulación de activos de origen ilícito, que habrían sido sustraídos a la ejecución de las condenas que pesan sobre el constructor sentenciado en «Vialidad» y «La Ruta del Dinero K».
Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, Insaurralde permaneció incomunicada y bajo custodia en el edificio de la Prefectura Naval Argentina, en el barrio porteño de Retiro, y este jueves en Río Gallegos se efectivizará la audiencia de formalización de la imputación y control de detención, que estará a cargo del juez federal de garantías Claudio Vázquez.
La pareja de Lázaro Báez fue detenida por personal de Prefectura Naval Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, siguiendo instrucciones del juez y del fiscal federal Julio Zárate, a cargo de la investigación. Junto a Insaurralde fueron detenidas dos personas identificadas por fuentes del caso como Cristian Sebastián Ibáñez y Valentina Micaela Devetac. Aún no hay precisiones sobre su participación en los hechos investigados, dado que la causa se encuentra en secreto de sumario.
Los tres abordaron el lunes el vuelo AR1857 de Aerolíneas Argentinas, proveniente de Río Gallegos. Los investigadores sospecharon que podrían intentar salir del país. Es así que el fiscal pidió las detenciones, que se concretaron en la «Terminal A» del aeropuerto.
Apenas unas horas después, a pedido de la fiscalía de Río Gallegos y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), el juez federal Vázquez ordenó más de veinte allanamientos en Río Gallegos, El Calafate, estancias en Santa Cruz y Buenos Aires, múltiples embargos, requisas y secuestros de vehículos en el marco de las investigaciones, que de momento tramitan por separado, pero tienen claros puntos de contacto.
En la primera causa se investiga a una supuesta organización que se dedicaría al transporte de cocaína en camiones de una empresa transportista, con actividad por lo menos desde diciembre de 2025.
La distribución de la droga, según las fuentes consultadas, estaría en manos de dos hombres, uno de ellos encargado de un lavadero, lugar donde se realizarían las entregas del material.
Como desprendimiento del caso narco, la Justicia comenzó a investigar la posible existencia de una organización encabezada por el empresario Lázaro Báez que se encargaría de «administrar, explotar y poner en circulación activos de origen ilícito», que el dueño del Grupo Austral seguiría operando a pesar de los embargos que enfrenta a partir de sus condenas por corrupción con la obra pública.
Uno de los posibles integrantes de esa organización supuestamente liderada por Báez desde la cárcel de Ezeiza sería, a su vez, el jefe de la banda que se dedicaría al tráfico de droga en la provincia de Santa Cruz.
Como resultado de los operativos realizados entre lunes y martes, se secuestraron estupefacientes, documentación y vehículos vinculados con los imputados en ambas causas, entre otros elementos de interés.
Además, las fuentes consultadas confirmaron que se ordenaron una serie de medidas cautelares patrimoniales, así como también el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los involucrados, en línea con lo que habían requerido los fiscales Julio Zárate y Diego Velasco.
Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, de Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.
