El 30 de abril la Legislatura de Río Negro aprobó el proyecto de ley que suspende los cortes de servicios de gas, luz y agua en toda la provincia. El 11 de junio fue sancionada y el pasado jueves, entró en vigencia tras ser publicada en el Boletín Oficial. La medida será válida hasta el 31 de diciembre del 2027.
La ley obtuvo aprobación por mayoría, con 35 votos positivos y 4 negativos, de los legisladores César Domínguez, Fernando Frugoni (CC-ARI), Juan Martín (PRO) y Juan Murillo (PRO).
La normativa alcanza solamente a jubilados, personas con discapacidad y familias cuyos ingresos no alcanzan el costo de la canasta básica. Aclararon que no se trata de una «condonación de deudas» sino una alternativa para que las prestadoras de los servicios brinden planes de pago en cuotas.
Quienes estén dentro de los grupos mencionados podrán acceder a esta herramienta presentando una declaración jurada, de manera presencial en las oficinas de las empresas prestatarias o de manera digital, a través de los canales online habilitados. Según lo que se establece en la ley, las prestadoras de los servicios están obligadas a facilitar el trámite.
Cómo parte del procedimiento, indicaron que es importante tener en cuenta la documentación que es necesaria para respaldar la situación económica y social como recibos de sueldos o de haberes previsionales, el Certificado Único de Discapacidad (CUD), certificado de desempleo emitido por el Ministerio de Trabajo nacional o provincial y certificación negativa de Anses.
En caso de que cumplan con los requisitos y se haga el corte del servicio, se deberá presentar la documentación en la empresa, acceder al plan de pago en cuota y una vez firmado, deberá realizarse la reconexión en un plazo de 48 horas sin costo alguno.
Estos acuerdos contemplan el reconocimiento de la deuda correspondiente al consumo habitual del período y fijan que el valor de las cuotas no podrá superar el 20% de la factura de mayor costo por consumo. Además, en los casos de facturación bimestral, las prestadoras deberán intercalar el cobro de las cuotas para evitar que el usuario deba afrontar en un mismo mes el pago del servicio y del plan de regularización.
