La mujer fue condenada por el homicidio de una niña de ocho años. Ahora, la Justicia sostiene que su propia hija —de la misma edad— debe ser protegida. Se supo que vive en Catriel desde hace un tiempo en casa de un familiar y tendría un emprendimiento relacionado a la panificación.
El Tribunal de Impugnación de Río Negro rechazó el recurso del Ministerio Público Fiscal y confirmó la prisión domiciliaria de Miriam Graciela Troche Toledo, condenada a prisión perpetua por el homicidio de la niña Anita Masello en 2009 en Viedma.
La resolución, dictada el 10 de marzo de 2026, ratificó lo dispuesto por la jueza de Ejecución Shirley González, quien había otorgado el beneficio por el plazo de un año en función del «interés superior de la niña», hija de la condenada.
Un crimen planificado
Troche Toledo fue condenada en 2010 por homicidio agravado por alevosía. Para la Justicia, el hecho estuvo marcado por la premeditación.
El 12 de marzo de 2009, la mujer pasó por la casa de la madre de Anita y anunció que al día siguiente la buscaría para «darle una sorpresa» a su padre. Ese engaño fue considerado por los jueces como una prueba clave de planificación.
Al día siguiente, cerca de las 11, retiró a la niña y ambas caminaron hacia la zona del río. Testigos las vieron juntas. Horas más tarde, la mujer regresó sola, con la ropa mojada.
El cuerpo de la niña fue encontrado en el agua. Las pericias confirmaron lesiones compatibles con el entorno del río y los testimonios permitieron desarticular la coartada de la acusada, quien había dicho que dormía a la hora del hecho. Los jueces calificaron esas declaraciones como «expresiones mendaces».
En el juicio también se expuso el trasfondo del crimen. «Me dijo que me golpearía donde más me doliera», declaró el padre de la víctima, en referencia a una discusión previa de pareja.
El argumento para la domiciliaria
El beneficio actual se vincula con la situación de la hija de la condenada, que tiene ocho años.
Al otorgarlo, la jueza de Ejecución consideró el «interés superior del niño», la falta de cupo en unidades penitenciarias femeninas cercanas y la imposibilidad del padre de la menor de asumir su cuidado, ya que cumple prisión efectiva.
También se valoraron informes sociales y psicológicos que señalaron que la niña mantiene un vínculo «estable y positivo» con su madre.
El rechazo a la queja de la Fiscalía
El Ministerio Público Fiscal cuestionó la medida al sostener que hubo una «errónea interpretación» de la normativa vigente. Según planteó, la ley prevé la prisión domiciliaria solo en casos donde los hijos sean menores de cinco años o tengan alguna discapacidad, condiciones que no se dan en este caso.
Además, advirtió que no se tuvo en cuenta «la gravedad del delito» ni el riesgo de «desnaturalización de la pena», y señaló que podrían haberse evaluado otras alternativas para el cuidado de la niña, como familiares o la intervención de organismos estatales.
Sin embargo, el Tribunal de Impugnación rechazó esos planteos y sostuvo que no se verificó arbitrariedad en la decisión.
En su resolución, los jueces remarcaron que la medida «no persigue de ninguna forma beneficiar a una condenada» y que se trata de una situación «de excepción» con una finalidad concreta: «proteger a la niña, quien resulta ajena al conflicto penal».
También destacaron que el principio del interés superior del niño, con jerarquía constitucional, obliga a ponderar el impacto de las decisiones judiciales sobre menores de edad.
Una medida excepcional y provisoria
El fallo subraya que la prisión domiciliaria es transitoria y será revisada al término del año fijado.
En ese sentido, el Tribunal indicó que el objetivo final sigue siendo el cumplimiento de la pena en un establecimiento carcelario, aunque en este contexto se priorizó evitar un daño mayor sobre la menor.
Además, se dispuso un seguimiento del caso y la evaluación de posibles alternativas a futuro, en caso de que cambien las condiciones actuales.
Con información de (Río Negro)
