Ante un auditorio conformado por intendentes, legisladores y funcionarios, el Gobernador Alberto Weretilneck se explayó sobre los motivos que impulsaron a su gobierno a solicitar al Estado nacional el traspaso de 518 kilómetros de las rutas 22 y 151, de los cuales 305 serán sometidos a una intervención provincial en el corto plazo para realizar tareas de mantenimiento y de repavimentación en algunos puntos neurálgicos.
Para el jefe de gobierno, la crisis de las rutas nacionales es más que un problema de infraestructura, y lo catalogó como es una emergencia humana, económica y social. El deterioro vial provocó accidentes, muertes, dificultades para trasladarse y mayores costos para la producción y la vida cotidiana.
Expuso dos dimensiones del desafío que se avecina. Por un lado, lo urgente, que pasa por reparar lo deteriorado, mejorar la seguridad vial y atender la emergencia durante los próximos meses, para afrontar luego lo estratégico, que consistirá en diseñar un nuevo sistema vial y ferroviario para los próximos 20 años, considerando el crecimiento del Alto Valle, Vaca Muerta, la producción, el turismo y la movilidad regional. Ese plan integral comprende planificar con Neuquén los vínculos entre ambas provincias.
Además de las decisiones políticas y las evaluaciones técnicas, asumir la administración de las rutas va a demandar recursos. Por este motivo, la provincia va a gestionar un financiamiento de U$S 60 millones.
Weretilneck adelantó además que Río Negro también asumirá la operación del Tren del Valle, con la meta puesta en prestar un servicio confiable para los que deben cumplir con horarios rigurosos de ingreso, como trabajadores y estudiantes.
Abrió su exposición haciendo referencia a los 212 muertos registrados en esas rutas entre 2018 y 2026, las obras nacionales inconclusas desde hace 16 años (como la traza de la ruta 22 por el Alto Valle) y la falta de mantenimiento de la red.
El traspaso tendrá también un blindaje jurídico, porque no se trata solo de un contrato de traspaso, sino que enviará a la Legislatura un proyecto de Ley que avale todo lo acordado y otro para que se declare la emergencia vial, el cual será girado para su tratamiento la semana próxima.
Asistencia
Con su presencia, varios intendentes dieron un aval implícito a la decisión del gobierno provincial, y llegaron hasta el Centro Cultural de Cipolletti los jefes comunales de Allen, Hernán Figueroa; de Campo Grande, Daniel Hernández; Catriel, Daniela Salzotto; de Cervantes, Claudia Montanaro; de Chichinales, Lucas González; de Chimpay, Gustavo Sepúlveda, de Choele Choel, Diego Ramello; de Cinco Saltos, Enrique Rossi; de Cipolletti, Rodrigo Buteler, de Contralmirante Cordero, Horacio Zúñiga; de Belisle, Diego Agüero; de Darwin, Víctor Mancilla; de Fernández Oro, Gustavo Amatti; de Godoy, Albino Garrone; de General Roca, María Emilia Soria; de Huergo, Silvia Pinilla; de Mainqué, Miguel Petricio; de Río Colorado, Duilio Minieri; de Villa Regina, Luis Albrieu, y de Chelforó, Joana Trejo.
Entre los Legisladores, asistieron Facundo López por JSRN, Javier Acevedo por el ARI, Lorena Matzen por la UCR, Yolanda Mansilla por Primero Río Negro, y Juan Martín por el PRO.
Años de destrato
Weretilneck eligió comenzar su exposición no con datos técnicos sino con una apelación directa a la sensibilidad de los presentes. Relató que, como gobernador, recibe los partes del jefe de la Policía y del ministro de Seguridad cada vez que ocurre un siniestro vial fatal, hechos que —dijo— «tienen autos, tienen horas, pero también tienen fundamentalmente nombre y apellido: mujeres, hombres, abuelos, niños».
«En memoria de ellos es que estamos tomando esta decisión todos, y esta presencia marca el consenso que tenemos», afirmó, y remarcó que detrás de esa cifra hay familias que «no volvieron a ser felices» y personas que «quedaron discapacitadas de por vida».
Como ejemplo del deterioro de la infraestructura nacional, Weretilneck citó el caso de la Ruta 22: la obra comenzó en 2008 y, dieciséis años después, solo se completaron 45 de los 112 kilómetros previstos. A esto se sumó la falta de mantenimiento del resto del trazado de la 22 y de todo el corredor de la 151.
«No solo no se hicieron los 112 kilómetros, sino que tampoco se mantuvo el resto», sintetizó, y calificó la situación de «deterioro» producto de «años de desinterés, años de desinversión, años de destrato» por parte del Estado nacional.
Advirtió que, más allá de los signos políticos, no solo hubo abandono de Nación del mantenimiento de la infraestructura básica, sino que poco a poco le fue “comiendo” recursos a las provincias. Recordó que, al recuperarse la democracia, del total de impuestos nacionales la Nación retenía el 37% y el 63% restante llegaba a provincias y municipios. Hoy, afirmó, la proporción se invirtió: la Nación retiene más del 60% y a los municipios y provincias les llega poco más del 30%. Como ejemplo puntual, señaló que del precio final de los combustibles (gasoil y nafta), el 50% corresponde a impuestos nacionales, «y no vemos absolutamente nada» de ese dinero en la provincia.
Aseguró que, al decidir el traspaso de las rutas y el tren del valle a la provincia, Río Negro «se adelanta a una época», y aseguró que “los rionegrinos ganamos en autonomía con esta decisión (…) y en un sistema político como el actual, ganar autonomía es ganar tiempo y tener decisión propia», afirmó.
Una «región metropolitana» sin planificar
Weretilneck enmarcó la decisión en un contexto de transformación económica y demográfica que, dijo, «ya nos pasó por arriba» y que irá en aumento: la actividad hidrocarburífera vinculada a Vaca Muerta (mencionó los ductos de petróleo y los dos grandes proyectos de gas en desarrollo), la fruticultura, la minería y el turismo hacia los principales destinos patagónicos —San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Pehuenia, El Bolsón y Bariloche— dependen de una trama vial que, remarcó, «ya no es solo nuestra»: Río Negro es la puerta de entrada y salida a la Patagonia desde Bahía Blanca y también el corredor de Vaca Muerta.
A esto sumó un problema de movilidad urbana e interurbana en el Alto Valle, al que describió en los hechos como una «región metropolitana» no planificada como tal: citó como ejemplo que unos 400 policías de la provincia viven en una ciudad distinta a aquella en la que prestan servicio, y mencionó a estudiantes, pacientes del sistema de salud y trabajadores que se desplazan a diario entre ciudades de la región.
El momento difícil de la decisión
El gobernador reconoció que asumir la operación, el mantenimiento y las obras de las rutas nacionales no es «un desafío menor», y admitió que discutió «mucho» con su equipo de gobierno, con intendentes y legisladores antes de avanzar.
Sobre el financiamiento de las obras, fue explícito en que la provincia no puede afrontar en soledad una red de esa magnitud con fondos propios: «Si alguien piensa que con los fondos del tesoro de la provincia podemos financiar una trama vial de estas características, nos estamos engañando», advirtió. Planteó la necesidad de explorar nuevas fuentes de financiamiento y no descartó el esquema de “concesión público-privada”.
Emergencia vial y un pedido de financiamiento de U$S 60 millones
Weretilneck confirmó que solicitará a la Legislatura la declaración de la “emergencia vial”, una herramienta que —explicó— permitirá a Vialidad actuar con mayor rapidez y también facilitará las tareas de la Policía provincial. En el mismo paquete, anunció que pedirá autorización para un financiamiento de U$S 60 millones, destinado a la primera etapa de intervención para salir de lo que definió como «la situación de caos» actual en las rutas.
El plan vial se divide, según lo expuesto, en dos niveles. El primero es «lo urgente»: las obras que deben ejecutarse en los próximos meses para devolver condiciones mínimas de seguridad a la traza vial.
El segundo nivel es «lo estratégico»: diseñar un sistema vial pensado para los próximos 20 años y no solo para resolver el problema actual. Weretilneck admitió que la provincia no cuenta hoy con los equipos técnicos propios para proyectar una obra de esa envergadura y anunció que ya se dio un primer paso: junto al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), se puso en marcha la contratación de consultoras para estudiar el diseño vial del Alto Valle desde la zona de Cervantes/Regina hacia el oeste.
Además, dijo que se buscará financiamiento de organismos multilaterales como la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), el Banco Mundial y el BID para encarar ese rediseño, que podría incluir desde la ampliación a doble trocha de la Ruta 22 hasta la evaluación de un trazado alternativo entre General Roca y Vaca Muerta.
La provincia recupera la operación del Tren del Valle
Además del traspaso vial, Weretilneck confirmó la firma de un convenio para que la provincia tome la operación del Tren del Valle, un anuncio al que dedicó un tramo extenso de su discurso. Aclaró un punto técnico central: el convenio es sobre la operación del servicio, pero no sobre la titularidad de las vías, que siguen siendo propiedad del Estado nacional y están concesionadas.
El gobernador agradeció especialmente a los gremios ferroviarios Unión Ferroviaria y La Fraternidad, presentes en el acto, y reivindicó la identidad ferroviaria de la provincia, vinculando el anuncio a los accidentes viales planteados al inicio: «el tren nos da mucha más seguridad que tener [gente] sobre las rutas», sostuvo, en referencia al potencial del ferrocarril para descomprimir el tránsito y reducir siniestros.
Entre los argumentos a favor de la recuperación del tren, citó la inversión ya realizada en la traza entre Bahía Blanca y Río Colorado, hoy sin un uso pleno, y detalló los servicios que la operadora estatal provincial ya presta: el tren de pasajeros de larga distancia (viernes y domingos), el tren de cercanías entre Ingeniero Jacobacci y Bariloche, el tren turístico «La Trochita», el transporte de carga vinculado a Alpat, y operativos de emergencia, como el envío de 15 tolvas de sal a Bariloche en 24 horas durante el temporal de nieve.
Sobre los plazos, pidió paciencia explícitamente – algo que dijo no hacer habitualmente en su discurso político – porque el estado de las vías requiere inversión y porque la prioridad, antes de relanzar frecuencias, es garantizar la confiabilidad total del servicio: «si decimos que pasa a las 7:05, tiene que pasar a las 7:05», graficó, en alusión a que los usuarios (trabajadores, estudiantes, pacientes) no pueden perder turnos, clases o el presentismo laboral por fallas del servicio.
Weretilneck cerró agradeciendo a los intendentes presentes, a los legisladores de los bloques oficialistas y opositores por igual – a lo que atribuyó «madurez y respeto» institucional -, a las cámaras empresariales y a los gremios, a quienes vinculó con la estabilidad política y el sostenimiento del empleo en la provincia.
(NoticiasNet)
