Un vecino de Catriel deberá acreditar el cumplimiento de un convenio por $2.092.422, correspondiente a obligaciones alimentarias acumuladas. La Justicia le otorgó cinco días desde su notificación para demostrar los pagos y advirtió que, en caso contrario, podría ordenar el embargo y la ejecución de bienes para recuperar el dinero adeudado.
Un conflicto por el presunto incumplimiento de un acuerdo de cuota alimentaria en Catriel derivó en una resolución judicial que podría tener importantes consecuencias económicas para el hombre involucrado. La Justicia de Familia de Cipolletti homologó un convenio por más de dos millones de pesos y estableció un plazo para acreditar su cumplimiento, bajo advertencia de avanzar con medidas de embargo.
La resolución fue dictada el pasado 19 de octubre por el juez Jorge A. Benatti, a cargo de la Unidad Procesal N.º 5 del Juzgado de Familia de Cipolletti, luego de que se denunciara el incumplimiento de un compromiso económico asumido meses atrás.
El caso se originó a partir de un acuerdo celebrado el 8 de junio de 2026 ante el Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) de Catriel, instancia en la que las partes habían establecido una modalidad de pago para cancelar obligaciones alimentarias pendientes.
Un acuerdo por más de dos millones de pesos
Según lo establecido en el convenio, el hombre se había comprometido a abonar un total de $2.092.422, correspondiente a cuotas alimentarias acumuladas de períodos anteriores.
La deuda debía cancelarse mediante tres pagos mensuales, iguales y consecutivos, de $697.474 cada uno.
El mecanismo acordado contemplaba que las transferencias se realizaran directamente a una cuenta judicial, coincidiendo con el momento en que el obligado percibiera la segunda quincena de sus haberes.
Sin embargo, posteriormente se presentó un reclamo por presunto incumplimiento, lo que motivó una nueva intervención judicial para determinar si los compromisos asumidos habían sido efectivamente respetados.
Cinco días para acreditar los pagos
Ante esta situación, el magistrado resolvió homologar el convenio y ordenar que el hombre acreditara el cumplimiento de las obligaciones económicas dentro de los cinco días posteriores a su notificación.
La homologación judicial otorga al acuerdo fuerza de sentencia, lo que permite exigir legalmente el cumplimiento de las condiciones pactadas entre las partes.
La resolución también establece que, en caso de no demostrarse los pagos correspondientes, podrán adoptarse medidas de ejecución sobre bienes del obligado, hasta cubrir el importe que finalmente se determine como pendiente.
Es importante aclarar que la decisión judicial no significa que el embargo ya se haya concretado, sino que contempla esa posibilidad frente a un eventual incumplimiento de la intimación.
Asimismo, no se precisó si el hombre realizó pagos parciales ni cuál sería el saldo exacto que todavía podría adeudar.
El embargo de bienes como medida judicial
El fallo se fundamenta en disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, particularmente en los artículos 550 y 553, que contemplan herramientas destinadas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Estas medidas permiten a los magistrados intervenir cuando existen dificultades para concretar los pagos comprometidos, especialmente cuando se encuentran involucrados derechos de niños, niñas y adolescentes.
En este caso, el tribunal dejó abierta la posibilidad de disponer el embargo y posterior ejecución de bienes, siempre que se verifiquen las condiciones legales correspondientes.
Durante el trámite también intervino la Defensoría de Menores e Incapaces, organismo que no presentó objeciones al convenio alcanzado entre las partes.
La obligación de garantizar los derechos alimentarios
La resolución también dispuso que la notificación judicial estuviera acompañada por la legislación provincial vinculada al régimen de deudores alimentarios de Río Negro, establecido mediante la Ley 3475 y su modificatoria 4728.
No obstante, esta referencia normativa no implica que el hombre haya sido incorporado al Registro de Deudores Alimentarios, dado que la resolución conocida no establece esa medida.
Más allá del aspecto económico, el caso vuelve a poner en discusión la importancia del cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias, que comprenden necesidades esenciales como alimentación, educación, salud, vestimenta y otros gastos vinculados al desarrollo de los hijos.
Los acuerdos alcanzados entre las partes constituyen una herramienta para resolver conflictos familiares, pero su incumplimiento puede derivar en nuevas intervenciones judiciales y medidas patrimoniales.
A la espera de una respuesta judicial
Tras la resolución del 19 de octubre, el procedimiento quedó sujeto a la correspondiente notificación y a la acreditación de los pagos realizados.
En caso de que el obligado no logre demostrar que cumplió con el convenio, la Justicia podrá evaluar la aplicación de medidas destinadas a recuperar las sumas pendientes.
Por el momento, no se informó oficialmente si el hombre respondió a la intimación ni si se avanzó con alguna medida de embargo.
