La Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, presentó ante la Legislatura su Informe Anual de Gestión 2024-2025, un documento que revela las principales demandas sociales de los rionegrinos en un año atravesado por la crisis económica, el incremento de los servicios básicos y las dificultades en el acceso a la vivienda y la salud.
Durante el período comprendido entre 2024 y 2025 se realizaron 5.858 gestiones, de las cuales 42 de ellas fueron con una modalidad colectiva que involucró 2.713 personas. Del total de las gestiones tramitadas, el 91,3% tuvo resolución efectiva.
El 59,7% de los trámites se gestionaron con el soporte electrónico, es decir su resolución involucró gestiones telefónicas, envío de notas de pedidos de informe, correos electrónicos y reuniones.
Casi el 40% de las gestiones se resolvieron con asesoramiento e información
El 38,8% se resolvió a través del soporte electrónico de orientación con trámites simples de asesoramiento a la ciudadanía. En los casos que se requirieron investigaciones más prolongadas, mesas interinstitucionales y otro tipo de gestiones corresponde al 1,5% de los trámites con el formato Expediente.
La Defensoría del Pueblo trabajó en 43 trámites colectivos que involucró a 2.713 personas. Estos números representa el aumento del 50%, ya que durante el período 2023-2024 se realizaron 28 trámites colectivos que benefició a 820 personas. Algunos trámites fueron iniciados por asociaciones con personería jurídica y otros corresponden a ciudadanos agrupados para presentar una queja o problemática en común.
El rango etario que realizó más gestiones es entre 40 y 50 años, con más de 600 trámites realizados. La otra franja de edad desde los 50 a 60 años realizó cerca de 550 reclamos a través del ente y el rango que abarca los 30 a 40 años realizó poco más de 500 gestiones.
Los conflictos en torno a la salud lideran el ranking
Por sexto año consecutivo, el área de Salud Pública lidera el ranking de consultas, que representa el 46,1%. Los principales reclamos fueron las demoras en la entrega de prótesis con el 28%, la falta y/o demora de la provisión de medicamentos para enfermedades crónicas representó el 23% y la demora en el acceso a los turnos o en la autorización para estudios médicos fue el 16% de los trámites.
En la región del Alto Valle, con respecto a la salud los reclamos en torno a la salud pública representó el 46,1%, la obra social IPROSS fue el 29,4% de los conflictos abordados. La medicina prepaga privada y OS.NAC representó el 13,7% y las intervenciones de salud mental fueron el 10,8%.
Los reclamos en torno a la obra social IPROSS representaron el 29,4% de las gestiones realizadas. Los principales problemas fueron las demoras en la entrega de prótesis y material para intervenciones quirúrgicas, problemas en la cobertura de los medicamentos 16%, retraso en las autorizaciones de derivaciones para estudios específicos o atención con especialistas 12% y la falta de turnos para estudios con el 5%.
Preocupación por el aumento en las intervenciones por problemas de salud mental
El Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM) registró 1.028 intervenciones, un número que representa un incremento significativo en comparación con el período 2023-2024.
Se contabilizaron un total de 512 internaciones, que registran un aumento del 11% en relación al informe anterior. Del total de las internaciones, 450 corresponden a internaciones involuntarias con el 87,9%, 53 a internaciones voluntarias que representan el 10,35% y 9 medidas de seguridad con el 1,75%.
Adriana Santagati (Defensora del Pueblo – Río Negro)
Los motivos de internación se dividen en descompensación psicótica con el 43%, es decir crisis vinculadas a padecimientos psicóticos son el principal motivo para la hospitalización, seguido del consumo problemático de sustancias que representa el 15%.
Por otro lado, los conflictos con la compra de productos y servicios fue el 47,4%, los conflictos económicos con bancos y financieras representaron el 25,6%. También hubo reclamos con respecto a los alquileres que fue el 16% y las estafas representaron el 10,9% de las intervenciones.
Los reclamos en torno a los servicios fueron liderados por la luz con un 63,4%, el agua y saneamiento tuvo un 31,7% de intervenciones y el gas representó el 4,9% de los reclamos.
El resto de las gestiones abordadas por la Defensoría del Pueblo se dividieron en las multas con radares que fueron el 11,3%, los problemas municipales fueron el 7,2%, los conflictos vecinales tuvieron el 4% de intervención, los conflictos en torno a la niñez, adolescencia y familia representaron el 3,1%.
Finalmente, los conflictos laborales fueron el 3% de las intervenciones, los problemas con el ANSES fueron el 2,5%, junto con los conflictos con la educación y la tierra y vivienda que llegaron al 2,5%. Los problemas en torno a la discapacidad representaron el 1,9% y la asistencia social y tributario económico fueron el 1,1%
