El estado «calamitoso» de la Ruta Nacional 22 y la 151 sigue siendo uno de los mayores dolores de cabeza para los vecinos del Alto Valle. Ante la parálisis de los trabajos y el deterioro diario que sufren los vehículos, el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren, brindó precisiones sobre por qué aún no se concreta el traspaso de estas vías a la órbita provincial, apuntando directamente a las trabas impuestas por el Estado Nacional.
El funcionario explicó que el deplorable estado actual es el resultado de un combo letal: la falta de mantenimiento histórico, la ausencia total de control de cargas para los camiones pesados y el retiro absoluto de la actual gestión nacional en la conservación de los caminos. Frente a este escenario, la provincia gestionó créditos y mostró voluntad para hacerse cargo de los 510 kilómetros afectados, pero se encontró con condiciones inaceptables.
Según detalló Echarren, el gobierno central pretende transferir la totalidad de la traza sin enviar fondos, quedándose con la recaudación del impuesto al combustible, que es justamente el recurso destinado a la reparación vial. A esta falta de financiamiento se le suma un obstáculo legal enorme, ya que existen seis contratos abiertos de larga data con Uniones Transitorias de Empresas (UTE). Cuatro de estos contratos están sobre la Ruta 22 entre Cervantes y Cipolletti, algunos con más de dieciocho años de antigüedad. Al estar judicializados o neutralizados, la provincia está legalmente impedida de ingresar con sus máquinas a reparar esos sectores sin autorización.
Para destrabar la situación, Río Negro propuso hacerse cargo de dos contratos puntuales, como la rotonda de Choele Choel y un tramo de la 151, renegociando directamente con las empresas para reactivar las obras de forma rápida. Sin embargo, las autoridades nacionales no solo evaden definir tiempos, sino que además exigen como condición insólita que la provincia retire los recursos de amparo colectivo que cuentan con sentencia firme por el estado de las rutas, algo a lo que el gobierno rionegrino se opone rotundamente.
Mientras esta disputa mantiene de rehenes a los automovilistas en las rutas nacionales, el contraste con el manejo de la red vial provincial es notorio. Ante el colapso de la Ruta 22, gran parte del tránsito pesado se desvió hacia la Ruta Provincial 65. Para proteger esta vía, la gestión provincial dispuso de la planta asfáltica ubicada en Allen para realizar tareas de bacheo rápido y desplegó balanzas móviles para aplicar un estricto control de cargas, una medida que Nación se niega a implementar.
Sumado al mantenimiento de contingencia, el gobierno provincial avanza con un ambicioso plan de infraestructura que contempla más de quince obras viales en marcha simultánea a lo largo y ancho de Río Negro, con el objetivo de mejorar la conectividad y la seguridad.
En lo que respecta puntualmente a General Roca y sus alrededores, este despliegue incluye los importantes trabajos de repavimentación de la Ruta Provincial 6 y la consolidación del acceso al Parque Industrial sobre esa misma traza, demostrando el esfuerzo local por sostener los corredores productivos a pesar de la falta de acompañamiento nacional.
El Gobierno recaudó $1,5 billón para rutas y obras viales, pero solo ejecutó una cuarta parte
Durante dos años y medio, el gobierno de Javier Milei recaudó más de $1,5 billón en el fideicomiso creado para financiar obras viales, pero solo aplicó la cuarta parte a ese fin. A fines de mayo pasado mantenía más de $1 billón en inversiones financieras como plazos fijos y títulos públicos, según pudo reconstruirse a partir de balances contables, informes mensuales de cuenta y otros documentos oficiales obtenidos mediante pedidos de acceso a la información pública.
Un fondo con destino específico
La operatoria tiene como epicentro el «Sistema Vial Integrado» (SisVial), un subsistema del fideicomiso creado por el decreto 976/01 que capta una porción del impuesto a los combustibles líquidos con un objetivo legal puntual: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial. El Ministerio de Economía es su autoridad de aplicación, mientras que el Banco Nación actúa como fiduciario y opera la cuenta corriente 330.902/9, por donde debería circular el dinero destinado a las rutas.
Una subejecución del 73,8%
Desde que Milei llegó a la Casa Rosada, la tasa de subejecución del SisVial asciende al 73,8%. En 2024 solo se ejecutó el 11,3% de lo recaudado ($40.668 millones de $360.238 millones); en 2025, año electoral y de máxima confrontación legislativa, esa proporción subió al 39% ($270.592 millones de $692.514 millones); y entre enero y mayo de 2026 volvió a bajar al 18,5% ($83.144 millones de $450.500 millones). En total: $1.503.252 millones recaudados, $394.406 millones ejecutados y más de $1 billón que, al cierre del período analizado, permanecían sin aplicarse a obras viales.
Rutas en mal estado, reclamos que se acumulan
Mientras tanto, los reclamos por el estado de las rutas se multiplican. Un informe de la Federación de Personal de Vialidad Nacional de diciembre pasado estimó que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en regular o mal estado. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, describió las rutas nacionales de su provincia como «heridas, rotas y olvidadas», mientras que su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, denunció que muchas de esas rutas «ya no tienen pozos, sino cráteres».
El resultado contable es inequívoco: mientras crecen los reclamos de usuarios, gobernadores, constructoras y organismos internacionales que financian obras viales, el fideicomiso creado para garantizar ese financiamiento cerró mayo con más de $1 billón colocados en instrumentos financieros y otros $37.761 millones inmovilizados en una cuenta corriente. En total, $1.038.779 millones que no llegaron al asfalto.
(Fuente: La Nación)
