En las primeras horas de la mañana de este sábado se realizó la audiencia solicitda por la fiscalía descentralizada de Catriel donde se formularon cargos al Presidente del Concejo Deliberante de la localidad y se solicitaron medidas cautelares en pos de proteger la institucionalidad local, a la víctima y a los testigos.
Según la acusación fiscal, ocurrieron seis hechos. El primero habría sucedido el pasado “8 de marzo cuando Alberto Alfredo Ariaudo habría enviado un mensaje de WhatsApp y habría amenazado al Asesor Técnico del municipio, con el propósito de obligarlo a abandonar su lugar de trabajo en la ciudad de Catriel, lo cual le causó temor”.
El segundo fue ayer viernes, cuando el imputado habría amenazado a la Intendente enviándole un WhatsApp, cuestión que le causó temor a la funcionaria.
“El tercer hecho cuando el Presidente se habría hecho presente en la sede del Concejo Deliberante, portando un arma de fuego, tipo revólver, de uso civil, sin la debida autorización legal. La habría exhibido ante una cámara de seguridad interna, buscando intimidar a la Intendente”, explicó la fiscal.
El imputado habría concretado el cuarto hecho enviando un mensaje de WhatsApp al Secretario de Prensa de la Municipalidad, causándole temor.
En relación al quinto, Ariaudo se habría hecho presente en el municipio y tras haber amenazado por teléfono, intentó pegarle al encargado del área de Comunicación.
El último hecho fue inmediato al anterior, ya que habría portado en el patio frontal del edificio Municipal un arma de fuego, tipo revólver, de uso civil, sin la debida autorización legal, la cual se las habría exhibido a dos personas.
La calificación legal por la cual la fiscalía formuló cargos es la de “coacción agravada por haber tenido el propósito de obligar a una persona a abandonar su trabajo”, según los Artículos 149 ter. inc. 2 acap b, en función del Artículo 149 bis (respecto del hecho 1). “Amenazas reiteradas” conforme al Artículo 149 bis, en función del art. 55 (hechos 2, 4 y 5), “portación ilegal de arma de fuego de uso civil reiterada”, según los Artículos 189 bis, inc. 2do. 3er párrafo (hechos 3 y 6), todo en concurso real conforme el 55 del Código Penal.
La querella adhirió a los hechos, y la defensa particular no realizó objeciones formales a lo planteado por las partes acusadoras.
Por su parte, la jueza de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos en todos los términos fiscales.
Mientras que el funcionario imputado, asesorado por su defensor, declaró en la audiencia y expresó estar arrepentido de lo sucedido y ofreció la renuncia al Concejo Deliberante a partir de hoy.
La parte querellante estuvo de acuerdo contando con el aval fiscal enfatizando en las formalidades de la renuncia que se concreta hoy.
“El hombre llegó detenido a esta audiencia, la fiscalía iba a solicitar su prisión preventiva y su desafuero pero él decidió colaborar con el órgano municipal y también con la investigación que concretará el Poder Judicial. De su renuncia privilegió lo institucional, evitó que la cuestión continuara una escalada”, expresó el fiscal jefe.
Por ello es que se solicitaron las medidas de: fijar y mantener domicilio, estar a disposición de la justicia a través de presentaciones personales una vez a la semana, además no debe realizar ninguna obstaculización con el accionar de la justicia, por ello el hombre no puede entrar en contacto por ninguna vía ni por terceras personas con los testigos, con la víctima principal y las demás personas mencionadas.
Se pidió además la prohibición de acercamiento no menor a 300 metros tanto de la vivienda de la Intendente, como tampoco puede acercarse al Municipio ni a la sede del Concejo.
“Para monitorear todo esto vamos a solicitar la aplicación de un sistema dual, que se utiliza para la la protección de mujeres víctimas cuando son hostigadas por un hombre”, expresó el fiscal.
El imputado, tras ser consultado por la Jueza de Garantías, prestó conformidad respecto de las medidas solicitadas por las partes acusadoras como condición para recuperar su libertad.
En el mismo sentido, la magistrada realizó con la Intendente, que estuvo de acuerdo con la aplicación.
Tras ello, teniendo las consideraciones pertinentes, la jueza en pos de proceder a resguardar el proceso, la integridad de la víctima principal, y en pos de que el hombre recupere la libertad, hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas.
Realizó al imputado la observación que de que no cumplir con lo anterior, la acusación podría solicitar medidas más gravosas, y que la medida es por el plazo de cuatro meses, mismo tiempo determinado para la etapa preparatoria de investigación.
