El exintendente de 25 de Mayo, David Bravo, fue detenido este viernes, horas después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la condena a cinco años de prisión por el delito de trata de personas. Fuentes del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa confirmaron a Diario Textual que ya firmaron la orden de detención y que, poco después, fue apresado. Fue alojado en una comisaría de la zona cercana a la capital provincial hasta tanto el TOF consiga plaza en una unidad carcelaria. Un dato: por ser exfuncionario, no puede estar con la población carcelaria común.

La causa se inició el 13 de diciembre de 2011, a raíz de una denuncia realizada en la Delegación La Pampa de la Dirección Nacional de Migraciones. En esa oportunidad, una joven dominicana comunicó por teléfono que se había escapado de un prostíbulo ubicado en 25 de Mayo.

Bravo fue condenado como partícipe necesario de trata de personas, por la explotación de mujeres en los prostíbulos que funcionaban bajo los nombres “Venus” y “Karibian”.

En febrero de 2023, por la misma causa, había sido condenada Nurys Caraballo Castillo, la mujer que regenteaba los locales y se había dictado la absolución del comisario por encubrimiento agravado.

Ambos habían llegado al juicio oral acusados del delito de trata de personas cometido en perjuicio de más de tres víctimas en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años mediando abuso de su situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, mediante el facilitamiento y obtención de provecho económico de su comercio sexual. La mujer, en calidad de autora, y Bravo, que en ese momento era concejal, como partícipe necesario.

Qué dijo Bravo

En las últimas horas, el exintendente publicó en sus redes sociales una carta al pueblo de 25 de Mayo en el que dijo que es víctima de una persecución política para sacarlo de la política. “Después de 17 años de estar sujeto a derecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso presentado por mis abogados, sin embargo es oportuno aclarar que existen cuestiones procesales pendientes de resolución”, dijo. De todas maneras, el TOF ordenó su detención.

“Son 17 años de espera de exposición y de persecución politica que busco condicionarme y sacarme del camino. Quiero ser claro: esto no es un final, es una etapa más de una lucha que voy a seguir dando con la misma convicción de siempre. Nunca me oculté, siempre di la cara, aún cuando muchos elegían el silencio o la especulación. Por eso puedo caminar tranquilo y mirar a cada vecino/a a los ojos, con la conciencia tranquila”, sostuvo.

“Lo que atravieso es una persecución política prolongada, injusta y desgastante, pero aun así voy a seguir esperando Justicia. Gracias a cada mensaje, a cada gesto de apoyo y a cada palabra de aliento. Ese acompañamiento inmenso es una fuerza enorme. Voy a seguir adelante, con firmeza y dignidad, pase lo que pase y siempre respetando la voluntad de Dios. Podrán poner obstáculos, pero no van a cambiar quién soy, ni aquello en lo que creo. La política se resuelve en las urnas”, agregó.

La causa que lo lleva a la cárcel

La mujer relató que había sido maltratada y amenazada por los dueños del prostíbulo y afirmó que allí había otras mujeres en la misma situación, una de ellas, incluso, embarazada. La denunciante le dijo al empleado que recibió el llamado que no había dado aviso de la situación a la policía “porque sabían todo” y que, cuando “el jefe de la municipalidad iba al cabaret le daban mil pesos y él firmaba”.

Como consecuencia de las tareas investigativas, el 16 de diciembre de 2011 fue allanado el local nocturno. En el lugar había diez mujeres: nueve dominicanas y una argentina.

Además, se pudo corroborar que dentro del mismo predio donde se encontraba el cabaret había habitaciones y varias camas, donde vivían las mujeres y se realizaban los “pases”.

Durante el procedimiento, la encargada del local nocturno aportó la habilitación municipal correspondiente: llevaba la firma del intendente Bravo, bajo el rubro de “cabaret”. El documento establecía como propietaria del lugar a Caraballo Castillo.

Sin embargo, una ordenanza municipal, fechada el 3 de septiembre de 2010 y con la firma del intendente Bravo, prohibía “la habilitación de cabarets, whisquerías, clubes nocturnos y night clubs” en Colonia 25 de Mayo debido a que “han encubierto el delito de trata de personas, violando la Ley de Profilaxis, que prohíbe los prostíbulos en todo el país”.

Mientras el avance de la causa se demoraba por un conflicto de competencia, tiempo después de aquel procedimiento la fiscalía advirtió que el prostíbulo Venus había mutado su nombre a “Restó Bar Karjbjan”, y que seguía a cargo de Caraballo Castillo. Además, muchas de las mujeres que se encontraban trabajando como mozas en el local nocturno eran las mismas que se encontraban el día del allanamiento.

Luego de la insistencia del Ministerio Público Fiscal, el juzgado hizo lugar al pedido de indagatoria de Bravo, Caraballo Castillo y la encargada del cabaret. En la investigación se comprobó, incluso, que el “Restó Bar Karjbjan” también había sido habilitado por el intendente cuestionado.

Bravo fue procesado y enviado a juicio por haber permitido el funcionamiento del prostíbulo investigado a pesar de existir una ordenanza -que lleva su propia firma- que prohíbe “la habilitación de cabarets, nights clubs, whiskerías, etc. dentro del territorio de 25 de Mayo”.

El Tribunal Oral Federal de La Pampa lo condenó a cinco años de prisión, decisión que fue ratificado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. La defensa de Bravo llegó al máximo tribunal con un recurso extraordinario en queja. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron inadmisible la presentación.