Las víctimas eran adolescentes que estudiaban en colegios privados y escuelas públicas de la ciudad de Salta. La organización criminal, investigada por explotación sexual, buscaba, en principio, chicas vírgenes. El grado de perversidad era tal, que cuando crecían, “las desechaban”.

Así surge de una causa que llevan adelante el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual ante el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio. El expediente tiene nueve imputados y se determinó la existencia de, al menos, 33 víctimas.

Como había informado LA NACION en su momento, la investigación se había iniciado en junio de 2024 después de la denuncia de la madre de una víctima, quien se sorprendió por el teléfono celular que tenía su hija adolescente.

“Al revisar el teléfono celular, la mujer encontró mensajes de índole sexual”, habían dicho en su momento fuentes judiciales.

Uno de los chats había sido enviado por un remisero, quien fue señalado por el fiscal Villalba como el “fundador” de la organización, quien recibía dinero por coordinar los servicios sexuales.

“Por beso se pagaba $60.000, 20.000 más por sexo oral y así hasta llegar a $200.000 por penetración si aún no había perdido su virginidad”, había sostenido el representante del Ministerio Público Fiscal ante el juez Bavio en septiembre pasado, durante una audiencia donde el remisero y otros cuatro sospechosos fueron imputados por el delito de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual. Hasta ese momento había tres víctimas identificadas.

Para el fiscal Villalba, las víctimas estaban “sometidas a la voluntad y designios” del remisero, quien ejercía un control psicológico sobre las adolescentes. “Algunas de las víctimas lo veían como la persona que les permitió comprar ropa de marca, teléfonos celulares y tener importantes sumas de dinero”, había dicho el representante del Ministerio Público.

La investigación continuó. Se identificaron a otras 30 víctimas y se imputó a otros cuatro sospechosos.

“Si bien Villalba identificó al remisero como el fundador de esta red, quien recibía dinero por coordinar los servicios sexuales, no fue el único que tenía a su cargo la captación, sino que todos los imputados tuvieron parte en ello. Las víctimas, en un común denominador, relataron que los acusados les pedían que consigan más amigas”, informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

A mediados del mes pasado, durante una audiencia que se extendió por seis horas, el fiscal Villalba y la auxiliar fiscal Gual pidieron la ampliación de la imputación penal y la extensión del plazo de investigación hasta el 29 de mayo próximo. El magistrado hizo lugar a lo solicitado por el Ministerio Público.

Según se informó, de los nueve detenidos, ocho están imputados como coautores del delito de trata de personas con la finalidad de promoción, facilitación y explotación sexual, agravada por la vulnerabilidad, la minoridad y cantidad de las víctimas; por el número de intervinientes y por haberse consumado su explotación. Cinco de ellos, también, están acusados de ser miembros de una asociación ilícita destinada a la facilitación y promoción de la prostitución.

“La fiscalía imputó también la tenencia y distribución de material de índole sexual de menor a seis de los acusados; la corrupción de menores a otro de ellos; el abuso sexual de una menor de 13 años a dos acusados; y seis hechos de promoción y facilitación a prostitución agravada por ser víctimas menores de edad a dos imputados”, según se explicó en el citado sitio de noticias.

De la pesquisa participaron detectives de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La investigación avanzó a partir del análisis de la información que se pudo recuperar de los teléfonos celulares secuestrados en su momento, de los reportes de transferencias bancarias y los informes de las redes sociales.

“A tal punto era la perversidad de los acusados que descartaban a las adolescentes que avanzaban en edad. Cuando ya cumplía los 18 años, las desechaban”, sostuvieron los representantes del Ministerio Público Fiscal en la citada audiencia, de la que también participaron el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, en representación de 16 menores; la abogada Sandra Domene, querellante particular por una víctima; los abogados Martín Arias Portella y Nelson Antonio Rivas en representación de otra adolescente y la Asesora de Menores e Incapaces, Gala Emilse Poma.

Para fundamentar las imputaciones sobre los sospechosos, se tuvo en cuenta los detalles relatados por las víctimas en las declaraciones en Cámara Gesell: la identificación de los sospechosos y los lugares donde se desarrollaban los hechos de explotación sexual, como hoteles alojamientos o las casas de los imputados.

“El fiscal relató que los acusados hacían pedidos sobre los aspectos físicos que supuestamente debían cumplir las adolescentes. En ese sentido, repasó los mensajes donde uno de ellos solicitaba a las víctimas para ‘llevarlas a una despedida de solteros’ mientras que otro ‘las pedía, los sábados para después de jugar al fútbol’. Además, puntualizó en que varios exigían cierto vestuario y prácticas sexuales determinadas, además de forzarlas a ingerir ‘un cóctel de drogas’”, según www.fiscales.gob.ar.

Para pedir las detenciones de los sospechosos, el fiscal Villalba sostuvo que, según lo afirmado por las víctimas, los antes de ser apresados, algunos de los imputados llegaron a amenazar a las damnificadas para que nos los identificaran.

Como se informó en su momento, tras la denuncia hecha en junio de 2024, la investigación estuvo radicada en una fiscalía penal del Ministerio Público provincial, pero a pesar de que se llegó a secuestrar el teléfono celular del remisero, el caso fue desestimado.

A mediados del año pasado, en tanto, el caso pasó al ámbito de la Fiscalía de Distrito [en el fuero federal]. La fiscalía retomó las actuaciones con la colaboración de detectives de la PSA y la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de los fiscales federales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo“.

“Se acreditó la existencia de un número importante de víctimas niñas, las que quedaron presas de una red que, con distintos fines, le permitía a los imputados explotarlas sexualmente”. Dicha hipótesis fue respaldada por las querellas, la que también resaltaron las evidencias que comprometen a los imputados, como así también se refirieron a la jurisprudencia y tratados internacionales adquiridos por el Estado argentino, en cuanto a proteger a las menores y combatir el delito de trata de personas», afirmó el fiscal Villalba en la citada audiencia de mediados del mes pasado.

Por Gabriel Di Nicola (La Nación)