La actualización por la población en la fórmula de distribución se posterga. En cambio, la Provincia asignará adicionales a 13 municipios.
La decisión política de modificar el esquema de distribución de recursos entre los municipios está tomada, aunque todavía no está definido el mecanismo que propondrá el gobierno provincial a la Legislatura.
El propio gobernador adelantó días atrás en Bariloche que el debate sería retomado y, luego, en la reunión de Gabinete, se confirmó que la iniciativa integrará el paquete de proyectos que enviará al Parlamento provincial para su tratamiento durante agosto.
En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el ministro de Gobierno, Agustín Ríos, confirmó que «se trabaja, según un pedido del gobernador, en generar un esquema en el cual los municipios que necesitan una actualización puedan mejorar sus ingresos, sin que eso signifique que otro municipio vea afectada su realidad».
Así, la principal novedad es que el Gobierno modificó el diseño original.
La propuesta original consistía en actualizar el componente poblacional de la fórmula de coparticipación con los datos del Censo 2022, lo que implicaba cambios en los índices y generaba municipios ganadores y otros con pérdidas. Para estos últimos, la Provincia había adelantado un esquema de compensaciones.
Ahora, el criterio es diferente. El Ejecutivo resolvió postergar la actualización poblacional y mantener, por el momento, los actuales porcentajes de distribución. En paralelo, implementará un mecanismo de compensación para aquellos municipios que, según el nuevo censo, deberían recibir una mayor parte de la coparticipación.
Los municipios alcanzados
De esa manera, la distribución de adicionales alcanzaría a Fernández Oro, que obtendría un incremento equivalente al 52% de los fondos que hoy percibe; Dina Huapi (50%); El Bolsón (27%); Cipolletti (11%); Cervantes (9%); Los Menucos (8%); Bariloche (5%); Catriel (5%); Roca (2%); Comallo (2%); Ramos Mexía (2%); Darwin (1%) y Guardia Mitre (1%).
Los restantes 26 municipios mantendrían sus recursos ligados exclusivamente al mecanismo de la ley 1.846.
El esquema de compensaciones no está definido. Sin embargo, fuentes del Gobierno reconocieron que el costo fiscal sería similar al calculado en la propuesta original.
En marzo, durante las reuniones que el ministro Ríos mantuvo con los intendentes, esa estimación rondaba los 1.000 millones de pesos mensuales, monto que entonces estaba destinado a garantizar que ningún municipio viera reducidos sus ingresos tras la actualización de la población.
La discusión comenzó formalmente en febrero, cuando Weretilneck presentó a los intendentes una iniciativa que mantenía la estructura de la ley vigente, pero reemplazaba los datos poblacionales utilizados en la fórmula por los resultados del Censo 2022. Ese punto fue objetado por numerosos jefes comunales, que cuestionaron las cifras oficiales y se escudaron en otros registros -como el padrón electoral- para desautorizar el relevamiento del Indec.
El grupo mayoritario, de 26 municipios, seguirá recibiendo asignaciones mensuales que resulten de la aplicación de los índices vigentes de la ley 1.946
La ley 1.946 establece que el 20% de la masa coparticipable se distribuye en partes iguales entre todos los municipios, el 40% según la recaudación tributaria registrada en cada jurisdicción y el restante 40% en función de la población.
El componente demográfico que hoy utiliza la Provincia tiene como base el Censo Nacional de 1991, con las proyecciones oficiales incorporadas posteriormente, una metodología que el Gobierno considera desactualizada y que motivó el intento de reforma.
Porcentajes y montos
El trascendido indicaba que la «compensación» alcanzaba a 13 municipios y aludía a afirmaciones internas del gobernador Alberto Weretilneck.
El dato confundía porque el grupo de los que proyectaban mermas superaba aquella cantidad. La explicación estaba en el cambio del enfoque. El componente poblacional no se modificaría y no se alteraría el esquema actual, sino que se mantendría, pero la Provincia abonaría adicionales a los que pasan a ser perdidosos porque no hay cambios.
El costo fiscal para la Provincia rondaría unos 1.027 millones por mes, que se repartirán entre los 13 municipios que se favorecían con la reforma postergada.
La inyección provincial superaría los 1.027 millones mensuales. Las asignaciones -que se reflejan en los cuadros oficiales de febrero- proyectan unos 319,4 millones para Cipolletti, 196 millones para Bariloche, 150 millones para Fernández Oro, 138 millones para El Bolsón, 89 millones para Dina Huapi y 50 millones para Roca.
Las restantes suman algo más de 85 millones, distribuidos entre Catriel (38,7 millones), Cervantes (21,7 millones), Los Menucos (16 millones), Comallo (3,1 millones), Ramos Mexia (2,6 millones), Darwin (2,2 millones) y Guardia Mitres (1 millón).
(Rìo Negro)
