El fiscal jefe Gustavo Herrera reconoció que no estaba de acuerdo con la salida alternativa para seis delegados petroleros de Catriel que eran investigados por un grave hecho de coacción en un yacimiento petrolero. La causa se inició en 2020 y recién la semana pasada se cerró con una suspensión de juicio a prueba.
El fiscal que estaba en las puertas de llevar por primera vez a sindicalistas del sector petrolero a una juicio oral y público explicó en la audiencia, donde se homologó el acuerdo, que era “en pos de la paz social” y reconoció que el trabajo de la querella y la defensa fue clave para resolver el conflicto.
“Todos este acuerdo tiene una finalidad que es lograr la paz social, entre ustedes el sindicato y la empresa. El objetivo es que esto no se vuelva a repetir. Vamos aceptar un acuerdo para que esto quede como una regla general de que no se vuelva a repetir”, indicó en la audiencia que presidió la jueza Alejandra Berenguer.
Además de las ordinarias pautas de conductas que se disponen en una suspensión de juicio a prueba, los seis imputados deberán realizar (o pagar) 1.200 horas de trabajo comunitario y la compra de materiales para reparar la vivienda donde funciona la brigada de investigaciones de Catriel. Los seis imputados dieron conformidad al acuerdo que deberán cumplir las pautas por el plazo de tres años. Si lo hacen, en 2026 quedarán sobreseídos de la persecución penal.
En la audiencia, Herrera leyó el acuerdo que en primer lugar se trató de un compromiso de sindicato de Petroleros Privados de no realizar nuevos bloqueos a la empresa Petróleos Sudamericanos (PS), víctima y querellante en este proceso penal “sin que ello represente una renuncia al ejercicio de los derechos sindicales que son de carácter irrenunciable”.
La empresa se comprometió a no promover acciones civiles por los hechos que se investigaron. En tanto no podrán cometer nuevos delitos y deberán presentarse periódicamente en el juzgado de Paz de esa localidad.
Los imputados ofrecieron como reparación económica por el daño causado el arreglo de la sede de la Brigada de Investigaciones en Catriel con la suma de 200 horas de trabajo comunitario por cada delegado. El abogado defensor Marcelo Hertzriken Velasco dejó establecido que esta tarea será realizada por profesionales, pero que los imputados pagarán.
El hecho ocurrió en un yacimiento cerca de Catriel en 2020
El hecho ocurrió el 21 de julio de 2020 cuando se produjo un incidente en el bloque que opera PS por un conflicto gremial. El sindicato pretendía que la operadora reincorporarse a 10 operarios de la firma AESA que habían sido desafectados.
En las vísperas de la primera ola de covid en la región, los imputados irrumpieron el yacimiento Medanito, ubicado a 30 kilómetros de Catriel, y generaron una serie de acciones que pusieron en un “grave riesgo” el medio ambiente. El incidente dejó sin energía el área por 36 horas. La estimación es que el conflicto generó un impacto de 7 millones de pesos.
En ese yacimiento también se encuentra la planta de tratamiento y despacho de crudo de PS, la planta de bombeo de crudo de Oldelval y la planta de tratamiento y compresión de Gas de Medanito. También allí se ubica la infraestructura de la Estación y Subestaciones del suministro eléctrico, que es transportado por Transcomahue SA.
