Un contador declaró ante el tribunal que pagaban un millón de pesos por cada poste cuando el valor de mercado era de cien mil. Las empresas vinculadas al grupo Báez y la falta de control interno son el eje del nuevo juicio por Vialidad
Uno de los testigos del segundo juicio oral por Vialidad declaró ante el Tribunal Oral Federal 2 que advirtió que por las obras públicas en Santa Cruz se pagaban montos por encima de los valores conocidos en el mercado.
Se trata del exintegrante del Departamento de Verificación y Actualización de Deuda Corriente, dependiente de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Daniel Semino, quien se refirió a un certificado relacionado con la colocación de postes en una de las rutas provinciales. Según expresó: “Cada poste nos iba a costar entre 100 mil pesos, con toda la furia, y se lo liquidamos a un millón”.
El contador Semino explicó que su área intervenía en la liquidación de intereses por pagos anticipados, pero no definía los montos de los certificados de obra ni controlaba su ejecución técnica. Indicó que los expedientes llegaban a su oficina después de atravesar instancias técnicas y administrativas, con las firmas necesarias para ingresar al circuito de pagos.
Aclaró que, después de esa intervención, el expediente continuaba hacia el área de contabilidad, donde se aplicaban las retenciones y los tributos correspondientes. Luego, la información se remitía al Ministerio de Economía para que se acreditaran los pagos.
Consultado sobre las compañías que utilizaban el mecanismo de cobro anticipado, Semino indicó que recordaba a “cuatro o cinco” firmas relacionadas con el Grupo Báez y mencionó a Austral Construcciones y Gotti.
Otro testigo afirmó que Vialidad Nacional no auditaba licitaciones provinciales
En una de las primeras audiencias con testigos, el entonces titular de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Dirección Nacional de Vialidad, el contador Marcelo Bianchi, declaró que el organismo no auditaba los procesos licitatorios realizados por las provincias en las obras ejecutadas mediante convenios, aun cuando los fondos fueran aportados por Vialidad Nacional.
Según explicó, el Distrito 23 de Santa Cruz debía cumplir tareas operativas y de supervisión, mientras que las áreas de la sede central realizaban un seguimiento administrativo.
Además, describió que los informes de auditoría eran enviados a la máxima autoridad de Vialidad Nacional, a la sindicatura jurisdiccional y a las áreas auditadas. Estimó que la UAI elaboraba entre 25 y 50 informes por año.
Ante la consulta sobre quién terminaba pagando esos proyectos, Bianchi respondió que Vialidad Nacional lo hacía cuando se trataba de una obra por convenio. Aun así, remarcó que esa intervención financiera no convertía a la repartición nacional en la autoridad encargada de controlar la licitación provincial.
La causa
La investigación sobre Vialidad II -conocida en tribunales como Vialidad III- es un desprendimiento de la causa principal que examinó la adjudicación de obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, por la que resultaron condenados Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, entre otros.
El expediente analiza si existieron irregularidades en licitaciones, controles y pagos de obras adjudicadas a empresas del Grupo Báez.
Fueron enviados a juicio oral [cantidad] imputados, de los cuales siete accedieron a la suspensión del juicio a prueba, mientras que el debate continúa para Sandro Férgola, Gustavo Marcelo Gentili y Fernando Abrate.
Los tres están procesados por el presunto delito de defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
