Se trata del plan director de agua potable de Catriel que se ejecutaba con fondos del Enohsa. ¿Cómo llegó Provincia a un saldo a favor del DPA?
El gobernador Alberto Weretilneck firmó el decreto de rescisión del contrato para ejecutar el plan director de agua potable de Catriel, que quedó paralizado por la falta de fondos del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (Enohsa) e intimó a la contratista a devolver 1.030 millones de pesos como parte de la liquidación final.
El decreto fue publicado en el Boletín Oficial del jueves, a pocos días de que se conociera la decisión del gobierno nacional de cerrar el Enohsa. Pero esta rescisión de contrato por la obra de Catriel, que fue licitada en 2021 y tenía un 26,7% de ejecución, ya estaba en marcha, según anticipó la semana pasada el titular del Departamento Provincial de Aguas, Pedro Sánchez.
La obra estaba en manos de la UTE conformada por Ecosur S.A e Impex S.A desde octubre de 2021 cuando les fue adjudicada, y se había paralizado en mayo de 2023 por la demora en pagos y redeterminación de precios.
Ahora deberán hacer entrega de la obra como está a la intendencia general de Hidráulica y Saneamiento del DPA, según dispuso el mandatario provincial que también intimó a la contratista a pagar el “saldo restante de la liquidación” en favor del organismo de aguas. Se aclara además que en caso de ser necesario, se remitirán las actuaciones a la Fiscalía de Estado de la Provincia para la ejecución de polízas de seguro de caución.
La obra tenía asistencia financiera del Enohsa pero la administraba la provincia, por eso se hizo cargo de la licitación y ahora de la rescisión del contrato.
En los fundamentos de la decisión, el Gobierno hizo un repaso de la historia de la obra. Consta allí que a mediados de 2022 la contratista advirtió que la “demora en la emisión de los certificados, comprometía el capital de trabajo necesario para realizar las obras” y que la falta de readecuación de precios “producía un desequilibrio de la ecuación económica-financiera e imposibilitaba mantener el ritmo de obras por desequilibrio de costos”.
La solicitud fue rechazada y se responsabilizó a la contratista en la demora de presentar documentación. En abril de 2023 la empresa pidió neutralizar la obra por “la demora en la aprobación de los certificados redeterminados y el retraso en los pagos” y señaló que por la inflación existente la obra “se volvía financieramente insostenible”.
Un informe del DPA definió el estado de avance de la obra en un 26,7% y un atraso en los pagos por parte del Enohsa de cinco meses
En los fundamentos del decreto también se informa que en el análisis de la deuda con la contratista y lo que esta UTE debía al DPA, quedó un saldo a favor del organismo provincial de 1.029.965.056,67 pesos.
La sumatoria se dio considerando la diferencia del anticipo financiero que las empresas deben restituir por el nivel de ejecución de la obra (972 millones de pesos); dos vehículos pick up cero Km 4×4 que por acuerdo debía entregar al DPA, valuados en casi 90 millones de pesos ambos, más 1,5 millones de pesos de patentamiento y una deuda por combustible.
También se le exige el pago de unos 69 millones de pesos por la construcción de una vivienda que la contratista debía hacer a favor del DPA, luego de haber demolido otra propiedad del organismo en el predio de la nueva planta potabilizadora.
El monto definido de deuda con el DPA, según el decreto, debe ser abonado en una cuenta corriente del organismo en un plazo de 15 días bajo apercibimiento de acciones legales en caso de incumplir.
