Las clínicas y sanatorios de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa suspendieron los servicios a los afiliados de PAMI, ya que el organismo nacional sigue sin pagarle a las instituciones médicas de la Patagonia. La situación fue advertida hace unos días, pero la administración central no dio respuestas.
La medida consiste en la suspensión de la atención programada y las prestaciones ambulatorias no urgentes. Sin embargo, advirtieron que si no hay acuerdo, la suspensión será total.
«Debido a los críticos atrasos en los pagos y la falta de actualización de los aranceles, las instituciones de salud de la región han definido suspender los servicios a los afiliados al PAMI», explicaron mediante un comunicado. «Esta medida de fuerza afecta directamente a las prestaciones brindadas en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut», agreagaron.
En el texto difundido explican que «las clínicas, sanatorios y hospitales privados de las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa que prestan servicios a los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP – PAMI), anunciaron la suspensión de servicios para los afiliados de PAMI a partir de la fecha».
«Tal como se había anticipado formalmente mediante una nota enviada la semana pasada al Director del Instituto, Dr. Esteban Leguizamo, las instituciones se ven obligadas a iniciar la suspensión de las prestaciones programadas y ambulatorias ante la falta de respuestas concretas a sus reclamos», informaron.
Y aseguraron que «en la misiva presentada el pasado 4 de febrero de 2026, los prestadores advirtieron que, de no mediar soluciones a los atrasos en los pagos y la depreciación de aranceles, la afectación de los servicios sería inevitable. Al no haberse concretado la regularización de la deuda ni la apertura de una mesa técnica de trabajo, se ha iniciado la limitación progresiva de servicios a partir del día 10 de febrero».
La medida consiste en la suspensión de la atención programada y prestaciones ambulatorias no urgentes. Los prestadores enfatizaron que «no se trata de una medida de fuerza», sino de «una consecuencia inevitable de la crisis», y que el objetivo es preservar, en la medida de lo posible, la atención de urgencias. No obstante, de persistir la falta de respuesta, aseguraron que «la suspensión total de las prestaciones se tornará inevitable».
Y argumentaron que la decisión responde a una «situación límite» que «imposibilita la operatividad» normal de los centros de salud:
-Desfasaje arancelario: Se registra una pérdida persistente del valor real de los módulos prestacionales frente a la inflación.
-Dependencia financiera: PAMI representa, en promedio, el 40% de los ingresos de estas instituciones.
-Atraso en pagos: Existen demoras críticas en el pago de prestaciones ambulatorias y de los módulos de Nivel II y III.
-Riesgo salarial: El corrimiento de las fechas de pago impide a las clínicas afrontar el pago de los salarios del personal en tiempo y forma.
