Los legisladores del bloque de la CC-ARI, Fernando Frugoni y Javier Acevedo, presentaron un proyecto de Ley mediante el cuál se establece que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios tarifados de energía eléctrica, gas, agua y servicios cloacales e internet en la provincia de Río Negro, deberán fijar la fecha de vencimiento de sus facturas con posterioridad al día 10 de cada mes.

En la norma legal de sólo dos artículos, se indica que serán “los distintos Entes Reguladores y/o la Dirección de Comercio Interior, según corresponda el servicio, quienes deberán supervisar” su cumplimiento, “estableciendo las sanciones adecuadas y proporcionales que fije la reglamentación a las empresas prestadoras que la incumplan”.

Frugoni explicó que “este proyecto apunta directamente a ser justos con quienes cobran un salario, sea del sector público o privado, que suelen pagar los servicios públicos ya vencidos porque algunas empresas fijan el límite de pago en los primeros tres o cuatro días del mes y el trabajador suele cobrar a partir del cinco”.

Sin bien aclaró que “el cobro del ítem intereses por pago fuera de término varía de acuerdo al consumo y no es mucho el monto, si se suma sólo por la cantidad de empleados públicos que sufren esta penalización porque dependen de un cronograma de pagos, las cifras que se recaudan son millonarias”.

El legislador puso como ejemplo a la empresa Edersa, que ya experimentamos que no piensa mucho en los usuarios ni en el mal servicio que presta, “que este mes su factura tuvo fecha de vencimiento el 4 de febrero y los trabajadores públicos y una gran mayoría del sector privado cobraron a partir del día 5 y en marzo vencerá el 2 de marzo. Bueno, este proyecto de Ley busca que esto no ocurra más”.

En los fundamentos de la iniciativa se recuerda que “en la economía familiar es cada vez más importante el peso relativo del costo de los servicios públicos tarifados domiciliarios indispensables como la energía eléctrica, el gas, el agua corriente, servicios cloacales e internet” y que diferentes consultoras han estableciendo un gasto promedio en ese rubro del 11 % al 14 % del ingreso familiar”.

En forma paralela, Frugoni señaló que “se observa que el pago de salarios, que según el artículo 128 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 “debe ser abonado por el empleador dentro de los cuatro primeros días hábiles del mes, se ha prolongado de hecho, tanto en el ámbito público como privado, hasta varios días después”.

Reiteró que “esto genera un perjuicio importante y oneroso, porque el vencimiento de muchas facturas de servicios públicos lo fijan las prestadoras antes de esa fecha, llevando a que muchos usuarios caigan en mora y deban abonar distintos recargos por pagos fuera de término, al monto de lo efectivamente consumido”.

Dijo el parlamentario que “el mismo Estado Provincial que abona los salarios de los empleados de los tres poderes entre el 6 y el 8 o 9 de cada mes, impidiendo que los asalariados puedan pagar en fecha dichas facturas significando, además del perjuicio al usuario, un ingreso adicional de suma importancia para las empresas prestadoras meramente financiero y sin contraprestación alguna”.

“Desde nuestra concepción política no podemos permitir que los asalariados, que no cuentan con ningún mecanismo para revertir esta realidad, se vean presos de esta situación más si tenemos en cuenta que ante la falta de capacidad de ahorro, no están en condiciones de efectuar reservas de un mes para el otro para pagar la factura en término y así no caer en una mora involuntaria”, explicó el legislador Frugoni.

Finalizó indicando que “ya que los entes reguladores no han observado hasta el día de hoy esta injusticia, esperamos que sea a través de nuestra propuesta de Ley que se corrija la a inequidad”.